Minería

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Tribunal de mujeres defensoras de la Naturaleza y los pueblos contra la Minería

En la ciudad de Salvador de Bahía en Brasil, donde existen comunidades bastante afectadas por la explotación petrolera del mar, se llevó a cabo el tribunal internacional en contra la explotación petrolera, tuvo como fecha 3 de octubre de 2019. Este tribunal se realizó en el marco del segundo encuentro de pescadores y pescadoras en contra de la Explotación del mar.

Durante aproximadamente 5 horas escuchamos los testimonios de 17 defensores y defensoras de la naturaleza, científicos y académicos quienes expusieron las diferentes problemáticas de sus territorios en relación al petróleo y además denunciaron la criminalización y persecución política emprendida por las empresas petroleras, en algunos casos también mineras, y el estado.

En todas las denuncias podemos observar como las actividades extractivas afectad directamente a las comunidades, quienes se ven obligadas a transformar sus costumbres alimenticias, actividad económica y forma de vida en general, porque sufren una serie de agresiones, incluso relacionadas con sus creencias espirituales.

En este intercambio nacional e internacional se pudieron juntar las luchas ya que se pudo conocer las realidades de otros territorios y las estrategias que se usan, estuvieron presentes Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina, Colombia.

El tribunal estuvo conformado por comisionados de diferentes países, Mauricio fue delegado de Costa Rica, Lorena es indígena y feminista de Guatemala, Fabia y Marcelo pertenecen a la organización FASE en Brasil, José Luis es de Honduras y María José es pescadora de la Isla de Maré. La Secretaría del Tribunal estuvo en manos de Esperanza Martínez de la Oficina de Derechos de la Naturaleza y militante de Acción Ecológica.

Este tribunal es el segundo que se realiza como parte de la Ruta por Justicia y Verdad para la Naturaleza y los Pueblo en América Latina, con el objetivo de articular diferentes luchas, reconocer los derechos de la naturaleza y crear estrategias de protección para los y las defensoras de la naturaleza y los derechos. La ceremonia culmino con el reconocimiento a varias personas y organizaciones por la labor que han llevado a cabo en defensa de la naturaleza y los derechos humanos en diferentes campos.

Testimonios

  • Comisionadas
  • Pueblo
  • Naturaleza
  • Defensa

Ivonne Yánez

Acción Ecológica - Ecuador - Comisionada

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En el bloque sobre agresiones a la naturaleza se evidenció como todas las actividades mineras alteran el ciclo del agua, arrasar con la vida más allá de la zona donde se hace la extracción. Afecta también a los cuerpos, las tierras y los territorios, los ciclos de la naturaleza, como la fotosíntesis, y la capacidad de nutrición, no solo de los humanos, sino de los seres que dependen de las plantas para su sobrevivencia. Y finalmente, el derecho de existencia, porque la minería arrasa con toda forma de vida para la extracción de los minerales.

Diana Murcia

Abogada – Colombia – Comisionada

En resumen, se identificaron las modalidades sobre cómo las empresas operan en relación a las resistencias de los pueblos. Se evidenció que a través de los estudios de impacto ambiental, la información de la empresa es considerada científica, y la de las comunidades como mentirosa y calumniosa. Debe romperse esta asimetría en la credibilidad sobre lo que pasa en la naturaleza y con los pueblos, los riesgo y formas de sus formas de sanarla. Un caso exitoso en este aspecto es El Salvador.

Las consultas son procedimientos engañosos, dan seguridad jurídica a los proyectos y tienden a dividir a las comunidades. Son una simulación de participación que blinda las inversiones, entretanto, la autonomía es criminalizada, el rol del Estado debería ser la promoción de construcción de alternativas locales, y hacerlas viables.

Los licenciamientos ambientales son en la práctica licencias para matar. Matan a las personas en “accidentes” ambientales e industriales; matan lentamente con enfermedades derivadas de la contaminación y la crisis alimentaria; matan a las personas bajo modelos sicariales o violencia directa de agentes estatales; matan ecosistemas, animales, a la naturaleza misma; matan la personalidad jurídica de las personas, al restarles la posibilidad de hacer valer sus derechos por sobre las licencias y matan a los pueblos, cuando los desplazan, o estos sucumben ante esos desastres ambientales.

Por otra parte, los enclaves mineros exacerban la violencia sexual contra las mujeres o la incitan, incluyendo la trata de personas. Como se sabe bien que las mujeres tienen un liderazgo inquebrantable, no se las enfrenta en el debate sino con hostigamientos sistemáticos, como la amenaza a sus familias, o la humillación pública. Así mismo, años de represión han generado impactos emocionales y físicos en las mujeres y han afectado su independencia económica. Los enclaves exacerban regímenes patriarcales, corruptos y criminales. Pero las mujeres también se organizan, denuncian y resisten y estar en este tribunal es una muestra de ello.

La minería también exhibe y promueva diversas formas de desigualdad. Mientras la criminalización de las y los defensores es expedita, la justicia para las comunidades es lenta o inexistente (las denuncias quedan ahí) a propósito de un contubernio entre autoridades de todas las ramas del poder público y todos los grados (funcionarios administrativos, órganos de justicia) subsiste la impunidad. Otra forma de desigualdad se evidencia cuando las justicias propias indígenas deben ceder a la justicia occidental, que no admite su autonomía, autogobierno ni autodeterminación. Además, los extractivismos se ensañan contra las mujeres, para excluirlas de las luchas comunitarias, despojarlas de su voz e invisibilizarlas. De esta manera el régimen patriarcal del Estado, las industrias y las propias comunidades, se impone. El entorno social, económico y político está diseñado para proteger a los agresores y relegar a las mujeres agredidas.

Finalmente, en cuestiones de desigualdad, los procedimientos legales tienen el idioma del agresor. Los pueblos indígenas no pueden expresar de forma completa sus historias, expectativas, reivindicaciones, no solamente por cuestiones de traducción, sino porque el sistema de justicia “occidental” carece de una visión intercultural y está caracterizada por una marcada impunidad.

A la contaminación minera de suma la exposición a múltiples elementos tóxicos provenientes de otras actividades industriales como los monocultivos para la exportación, y otras agresiones ambientales como son las represas hidroeléctricas y otra infraestructura hecha para servir a la industria.

Las empresas, con el de obtener su licencia ambiental, producen inflación local, al ofrecer al inicio de sus operaciones sueldo inflacionados, dádivas y regalos a ciertos dirigentes, lo que acentúa las desigualdades, genera polarización y división de las comunidades.

Se evidenció que las piscinas de relaves son la antesala de los desastres ambientales las mismas que se autorizan sin un enfoque precautorio, son construidos con fallas generando muerte y destrucción por pasan, como las tragedias recientemente en Brasil donde ocurrió el rompimiento de un complejo de relaveras en Minas Gerais. Ante desastres como éstos, el Estado ha fallado al no exige responsabilidades, omite investigar estos casos, sancionar y reparar, e incrementando el riesgo al permitir nuevos proyectos mineros.

Los ríos y otros ecosistemas acuícolas son los más afectados, lo que afecta a la naturaleza en todas sus distintas expresiones, y la soberanía alimentaria de las comunidades, llevándoles a condiciones catastróficas.

Todo esto ha provocado que las comunidades ejerzan su derecho a la resistencia de las comunidades, quienes se expresan desde su cosmovisión, por lo que son tachadas de antidesarrollistas, son tachados de enemigos internos, opositores políticos o criminales. Estas etiquetas son antidemocráticas y una violación al derecho a la participación.

El derecho a decir NO se fundamenta en la especial relación que tienen las comunidades con su territorio, en la dignidad de las comunidades, en la autoderteminación. No obstante, los gobiernos locales y nacionales desobedecen a sus pueblos, y con ello violan el eje de la democracia, puesto que la “democracia radica en el pueblo”. Cuando las comunidades consiguen incidir en las políticas públicas, los estados ganan, porque se protegen su patrimonio nacional, la naturaleza y las comunidades perviven.

Finalmente, surgen las preguntas en relación a cuestiones como la consulta previa y los derechos a la participación. ¿necesitamos una ley? ¿la aspiración para lograr cambios normativos es propia? ¿O aprendimos del Estado la inercia de la ley, que luego no se cumplen?

Tal vez debemos tomar las leyes que ya existen, y ahí exigir los derechos. Elaborar nuevas leyes nos distraen de luchas más efectivas. Hay muchos caminos de exigibilidad de derechos, y El Salvador es un faro para esto.

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Gina Benavides

Ex Defensora del Pueblo de Ecuador – Comisionada

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En los testimonios de las agresiones perpetradas a las defensoras, se identificó algunos patrones. Por ejemplo, en todos los casos de agresiones aparecen las mujeres, ya sea como defensoras de derechos humanos, de la Pachamama u otras formas organizativas.

Se encontró que las empresas mineras dividen a las comunidades, y que las mujeres son objeto de burlas cuando se movilizan, y se les hace acusaciones falsas, hay una crítica porque se alejan de sus roles tradicionales, y se les etiquetan, lo que genera división en las familias, y estigmatización a las mujeres. A esto se suman las agresiones físicas y sexuales, lo que afecta a su salud, incluyendo la salud psicológica y reproductiva.

Hay hostigamientos y humillaciones de varios tipos (incluyendo la quema de sus casas), por lo que familias completas han tenido que dejar sus hogares, y en algunos casos han tenido que ocultar dónde están por su seguridad. En algunos casos el hostigamiento a los defensores es tan fuerte, que éstos tienen que salir al exilio, como ha sucedido en El Salvador, Guatemala y otros países.

Las defensoras han recibido acusaciones de asociación ilícita, incendio agravado, encarcelamiento, incluso de personas que tenía medidas cautelares de la CIDH. En algunos casos se toma preso a los esposos de las lideresas, para mandarles mensajes a las mujeres que están en las luchas antimineras.

Los procesos de judicialización están relacionados con límites al acceso a la justicia y al debido proceso, especialmente para las mujeres indígemas. Hay una constante de formas de violencia contra la mujer, que en algunos casos se agrava con el racismo, y la violencia no solo se limita a las empresas o el Estado, sino dentro de las organizaciones.

Hay violaciones al derecho a la vida (femicidio), siendo el caso más claro es el de la defensora Berta Cáceres, pero no es el único. Hay violación al derecho a la protesta, lo que significa una limitación a la protección a las defensoras.

Las mujeres reclaman su derecho a defender el agua, al medio ambiente sano, los derechos de la naturaleza, el derecho al trabajo, incluido el trabajo cotidiano y reproductivo, y a las tareas agrícolas.

Entre los actores, el Estado aparece como el principal violador de los derechos humanos, ya sea de manera directa a través de los militares o los policías, de manera, indirecta, o a través de los sistemas de acceso a la justicia.

Aparecen también empresas privadas, y los grupos delincuenciales que actúan con anuencia de las empresas y el estado, como Los Maras en Centro América.

Las formas de resistencia de las mujeres, se expresa de distintas maneras, como marchas, piquetes, campamentos de resistencia, documentación seria de los procesos, para promover la difusión de la información en distintos espacios, o con fines pedagógicos y comunicacionales para que se conozcan los daños concretos.

Una alternativa es la administración de justicia Maya frente a la justicia nacional. Ejemplos positivos son las del Ecuador con la consulta popular y del Salvador donde una ley prohibió la minería metálica.

Representantes de la Comunidad La Puya

Guatemala

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En la comunidad La Puya – Guatemala la población vive en enclaves mineros. La empresa minera ha logrado dividirnos a las familias, porque ha conseguido que algunos miembros de la comunidad se pongan a favor de la empresa, sobre todo porque trabajan en el campamento minero, en enclaves mineros, a pesar de que se sienten los impactos en la salud.

Los niños se enferman de dolencias que antes no existían, el ambiente presenta niveles muy altos de contaminación. Hay mucho arsénico en el ambiente, producto de la explotación de piedra. Tememos que, con la minería a cielo abierto, los niveles de contaminación van a incrementar.

Las mujeres empezamos los procesos de resistencia, quienes han recibido múltiples amenazas por parte de los trabajadores mineros, muchos hijos de la comunidad. Es parte de nuestra vida la resistencia, nos siguen nuestros hijos y hermanos. Ya no es una carga para nosotros la resistencia, es parte de nuestra vida y el amor a la naturaleza es lo que nos mantiene ahí. También nos hemos podido integrar a otras comunidades, que nos preguntan cómo estamos, parece que somos de la misma familia. La gente se organiza en turnos y cada uno lleva sus propios alimentos. La resistencia es de casi ocho años, lo que hacen las mujeres es tener listos los celulares para cualquier evidencia que les sirva, porque no tienen derecho a ir a trabajar. Se denuncia todo, y eso ha detenido un poco. No les permitían entrar, entonces usaban helicópteros para entrar. La empresa ha interpuesto un arbitraje al Estado, pero las mujeres seguimos en la resistencia.

Marianela Gamboa

Sumaj Kawsay Observatorio Feminista Antiextractivista, Argentina.

En Catamarca, al noroccidente de Argentina, opera desde hace 20 años la empresa Alumbrera, donde se hace explotación de oro a cielo abierto, actualmente está en conflicto por la muerte de los ríos, con desplazamiento y represión de mujeres mayores, quienes han sido sacadas de sus casas y puesto presas. Las mujeres tienen mucha dificultas de continuar con sus labores cotidianas, tienen conflictos dentro de sus familias, sufren afectaciones psicológicas por la criminalización a las que han sido objeto, tienen problemas de salud (renales, abortos espontáneos o niños nacidos con malformaciones), y se han roto las redes sociales dentro de sus familias, pero al mismo tiempo, se han construido nuevos lazos con otras mujeres que desde hace años se movilizan. Ligado a la actividad minera hay redes de trata, donde se encuentran mujeres extranjeras que viven en condición de esclavitud moderna. Las mujeres campesinas que siembran frutales han visto ver caída su producción por la contaminación… y la minería no genera empleos locales.

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Noemi Dubon

Foro Mujeres por la Vida. Honduras

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A partir del golpe de Estado en Honduras en 2009, se instauró en Honduras una dictadora que reprime a la población, los militares salieron de sus cuarteles, y siguen haciendo trabajos de seguridad, para favorecer a las plantaciones de palma y la minería. A continuación del golpe de estado, aumentaron las concesiones mineras, aun en áreas protegidas, que benefició a empresas extranjeras y a familia de los políticos.

En Honduras hay 124 concesiones de minería no metálicas y 41 concesiones metálicas, las cuales suman en superficie un total 939.77 kilómetros cuadrados, es decir, 93.977 hectáreas. En el 2015 se crearon las “zona de reserva minera”. Se trata de 17 zonas que se han establecido como áreas disponibles para extracción minera a lo largo del país, y abarcan 34.297 hectáreas del territorio nacional. Están en los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Francisco Morazán, Colón, Olancho y Yoro.

Los militares custodian los campos mineros. La presencia militar en los territorios es una estrategia del gobierno para mantenerse en el poder y asistir a sus aliados, creándose una guerra contra el pueblo y la violencia contra las mujeres no están aisladas de ese contexto.

Con el alto presupuesto para la represión, baja la inversión en salud y educación, lo que afecta a las mujeres y las familias. Las mujeres son víctimas de desaparición, muerte de mujeres y niñas en fuegos cruzados son producto de esta represión. En 2019 ha habido 400 casos de feminicidio. La muerte de Berta Cáceres está directamente ligada con su oposición al extractivismo.

Natalia Atz

Chalatenango. Guatemala

Los pueblos indígenas tenemos nuestras formas de organización y sistemas de justicia propios, nuestras formas de resolución de conflictos; pero debemos enfrentarnos a la justicia occidental cuando se presentan casos judiciales. tenemos problemas de traducción en las cortes. Las mujeres indígenas nos enfrentamos de manera particular al machismo y la misoginia cuando estamos en los procesos de resistencia, quienes tienen que enfrentarse a este tipo de violencia aún proveniente de compañeros de lucha. El tema del idioma es muy importante en el ejercicio de la justicia. En Guatemala es el español es el idioma oficial, y con frecuencia no se hacen traducciones exactas de lo que expresan quienes asisten a los tribunales, lo que les pone en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Se trataron en esta sección, también las diferentes formas de lucha y resistencia para abrirle camino a la vida en los contextos mineros. Con ejercicios diversos que van desde las resistencias, la aplicación de mecanismos de participación, sistemas alternativos de producción para la restauración social y ambiental, propuestas normativas, campañas y denuncias, que permiten a las comunidades pasar de ser víctimas de las actividades mineras, a defensoras de sus derechos, sus territorios y sus cuerpos.

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Colectivo otras voces por la tierra

Uruguay

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En Uruguay es una gran pradera muy apto para la ganadería y agricultura. La minería estuvo operando en el Perú una mina de oro desde inicios de 1990, una empresa española, hasta el año 2006, cuando entró la empresa Oro Sur que cerró hace poco tiempo, que esperaba un préstamo del Banco de la República de Uruguay, la empresa cerró porque tenía problemas económicos, no hizo reparación y dejo cesante a los empleados, que son gente fronterizos (Uruguay / Brasil). Hubo otro proyecto miembro de hierro, pero gracias a la lucha se consiguió que la gente local conozca los impactos que significaría su operación y los riesgos ambientales que implica. Se planeaba un mineraducto de 200 kilómetros, las aguas de relaves, el desplazamiento de 300 familias, que se dedican a la ganadería ovina, que con el problema de forestación fueron muy afectados por las plagas que traen consigo, lo que afecta a los corderos.

La empresa no consiguió una licencia social. Generalmente, hasta alcanzar la licencia social ofrece muchos empleos y con salarios mucho más altos que el promedio local. Esto llevó a que la gente se endeude, lo que produjo además inflación local. Otro impacto fue la división de las comunidades entre pro mineros y antimineros. La empresa le está siguiendo un juicio por tres mil millones de dólares, pero la gente no conoce la causa de este juicio, pero sabemos que va a salir de los bolsillos de los uruguayos.

Movimiento Ambientalista mas de Santa Barbara

Honduras

El Movimiento Ambientalista MAS de Santa Bárbara, en Honduras está en defensa de los ríos, en la recuperación de los ancestros, frente al problema de una represa y una empresa minera, lo que ha generó un movimiento en contra.

En el municipio de Gualala, se lucha contra la concesión minera para la extracción de yeso otorgada por tiempo indefinido por el expresidente de facto, Roberto Micheletti. Esta mina amenaza con hacer desaparecer a la comunidad de Arenales.

En la Chinda, se construye la represa hidroeléctrica Hidrovolcán, en la comunidad de El Tornillito, la cual se está construyendo a la altura del municipio de Villanueva, Cortés, utilizando el caudal del Rio Ulúa, y que servirá para dar energía a la minería. Esta afectará a varias Comunidades Lenca del departamento y muchos campesinos perderán su tierra. La población vive de la agricultura, la pesca y un grupo de mujeres se dedican a lavar ropa en el río.

La empresa quiere meterse a la fuerza, por lo que las comunidades establecieron un cabildo abierto, que decidió que la zona Chilga es un territorio libre de represas.

Para dividir a la comunidad la empresa les da empleo, regalos, y algunos vecinos de estas comunidades han vendido sus propiedades a buen precio, y creen que el proyecto les va generar muchos empleos y comercio informal. La alcaldesa de la Chilga apoya a la represa.

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Representante de Guapinol

Honduras

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La resistencia en contra de la minería se inició en Tocoa, departamento de Colón cuando una empresa minera entró al territorio, dañó al río Guapinol, que se convirtió en un lodo. Este río abastece a tres mil personas. No podemos bañarnos, lavar la ropa. A nosotros nos da rasquiña y los niños se llenan de ronchas. Si queremos usar el agua, hay que comprarla.

Posteriormente dañó el río San Francisco. La empresa tiene dos permisos y tiene una licencia en el Parque Nacional Carlos Alfonso Escalera que es donde nace los ríos.

Las organizaciones presentaron muchas denuncias, protestas, caminatas, exigiendo que información sobre la legalidad del proyecto, porque no los consultaron y negaron el cabildo abierto, que es uno de los medios de consulta ciudadana. Al contrario, el alcalde les puso una denuncia. Han sido también objeto de hostigamiento por parte de la empresa.

Hay 32 personas criminalizadas de las cuales 8 están encarceladas por defender el río y el parque nacional, inclusive uno está en una cárcel de alta seguridad y tortura, que salió solo por presión de la gente, para que pase a una penitenciaría más cerca de la comunidad. Los pobladores demandan el derecho al agua, el respeto a los derechos y justicia para los presos políticos, y que se establezca un cabildo abierto.

Miriam García

ADES-RED – El Salvador

En el Salvador, las actividades mineras fueron paradas a través de una ley que prohíbe la minería metálica, luego de 13 años de lucha. Aunque la empresa minera entró al país hace muchos años, salió en la época del conflicto armado, pero dejó mucha contaminación, y la población fue desplazada de la zona. Posteriormente entró la empresa canadiense Martique, que tenía un permiso para iniciar la exploración. Las comunidades desconocíamos de qué se trataba la minería, pero gracias a los intercambios de experiencias con organizaciones de Honduras y Guatemala, los líderes y lideresas de la zona conocieron las amenazas a las actividades mineras, y a través de diversas estrategias, la empresa salió.

En Chalatenango se hizo una consulta popular sobre la conveniencia de que haya una actividad minera en la región. La consulta popular no se quedó en los resultados, sino que tenía que promulgarse una ordenanza municipal, que declaraba a los municipios libre de minería. Otras empresas que trataron entrar al Salvador son Pacific Ring que perdió un arbitraje en el CIADI al Estado. Todo este proceso posibilitó que se promulgue la ley de prohibición a la minería metálica en todo el país.

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Representante de Utzche (Buen Árbol)

Guatemala

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En las comunidades de la Costa Sur de Guatemala, se hace la defensa del territorio, del agua, de los derechos humanos y de la forestería comunitaria que es el cuidado de los bosques frente a la minería, a los monocultivos de caña, de palma, las bananeras.

Por la defensa de nuestros territorios nos ha criminalizado a diario, pero las comunidades continuamos en resistencia, porque todas estas actividades afectan la pesca artesanal del manglar.

Como Asociación de Forestería Comunitaria Ut’z Che’ empezamos en el 2001, y ahora somos 34 organizaciones comunitarias de todo el país.

Patricia Mogrovejo

FOA - Ecuador

La consulta popular del cantón Girón en Azuay – Ecuador, es un ejemplo de participación popular frente a la actividad minera. La concesión minera está ubicada en Kimsacocha, una zona donde nacen muchos ríos que abastecen de agua a la provincia. Los procesos de resistencia produjeron la división de la comunidad, porque la empresa entregaba regalos a algunas personas y organizaciones, y al inicio quienes nos oponíamos eran pocos, pero la gente que se oponía a la minería aumentaba.

En 2012, se presentó en la Corte Constitucional una petición para hacer una consulta popular, y en el 2015 se permitió la recolección de formas y apenas en 2018 se dio paso a la realización de la consulta, la misma que se realizó en 2019.

El 86,79% de la población dijo NO A LA EXTRACCIÓN MINERA. La gente no quería que se dañen las fuentes de generación de agua, en poblaciones que viven de la agricultura, ganadería y pesca.

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Daniela Rojas

CENSAT - Colombia

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Los páramos son ecosistemas muy afectados por las actividades mineras. La importancia de ellos radica en que aquí se encuentran las nacientes de agua, de la mayoría de los ríos de los países andino – amazónicos, para luego conformar la cuenca del Amazonas. Su papel fundamental está en la retención de agua y la liberación paulatina hacia las cuencas hidrográficas. Albergan una alta biodiversidad, de alto endemismo, y su secuencia conforma corredores biológicos.

Los proyectos mineros en los páramos de Colombia, y otros países, son de gran escala, lo que implica el uso intensivo de químicos tóxicos como el cianuro y el mercurio, y la remoción del suelo, lo que rompe los flujos de la vida en el subterráneo y en el suelo. La defensa del páramo en Colombia es fundamental puesto que este país alberga casi el 50% de los páramos de América.

Representante del Pueblo Xinca

Guatemala

El Pueblo Xinca está ubicado en 8 departamentos de Guatemala. Parte de nuestra identidad indígena incluye la relación de pertenencia que tenemos con la naturaleza, lo que incluye la valoración de nuestro territorio y nuestra historia. Estamos en Guatemala desde hace más de tres mil años. Nuestro idioma no está relacionado con ninguna otra lengua mesoamericana (como el maya o el lenca, aunque si tenemos algunas palabras prestadas de estas lenguas). De acuerdo a nuestra cosmovisión, el tiempo, espacio y tejido universal se basa en una trilogía cósmica a partir del espíritu del viento, del agua y del fuego.

Ahora estamos en proceso de recuperación de nuestro territorio y de nuestra identidad, donde el agua juega un papel fundamental, especialmente para nuestra agricultura y nuestra vida.

Este proceso incluye la lucha anti-minera metálica, que afecta nuestros territorios, cuerpos y la tierra. En esta lucha hemos demandado el cierre de la mina San Rafael, la misma que fue construida sin nuestro consentimiento, y porque este extractivismo afecta nuestros cuerpos – territorios.

Las organizaciones demandamos al Estado que promulgue una ley en defensa del agua y la recuperación de los ecosistemas destruidos por las empresas mineras. Para las mujeres indígenas de Guatemala, es necesario que tengamos una madre tierra sana, y esto lo hacemos a través de las plantas medicinales y otros elementos, y por eso tratamos de recuperar la conexión con la madre tierra, para que nos de su energía.

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Estefanía Vega

OLCA - Chile

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Las actividades mineras en Chile están afectando a los glaciares. Los glaciares son grandes masas de nieve, hielo recristalizado y pedazos de rocas que se acumulan en grandes cantidades. Constituyen la reserva más grande de agua dulce en el planeta y la segunda reserva de agua luego de los océanos. Los glaciares mantienen el balance hídrico y climático de las cuencas, pues contribuyen a que los ríos y lagos tengan suficiente agua; aportan agua a los ríos, lagos y napas subterráneas, y son la única fuente de recarga de los ríos en verano y durante periodos de sequías. Ellos albergan la historia geológica del mundo.

En Chile se concentran el 90% de los glaciales de América del Sur. Hasta la fecha se han inventariado más de 1.835 glaciares en todo el país. Sin glaciales no hay perspectiva de vida alguna. Los glaciales están retrocediendo en varios países como Chile (ya se ha perdido el 8%) y su salud depende del permafrost. Después del cambio climático, la minería es la principal amenaza a los glaciares en Chile.

Los minerales están por debajo los glaciares por lo que las mineras quieren retirar los glaciares para hacer minería. Hasta el momento hay 360 hectáreas de glaciales afectadas por actividades mineras de cobre, oro, litio en Chile, donde se utilizan una gran variedad de tecnologías como la minería a cielo abierto.

Las actividades mineras cubren las zonas de glaciar de arena, sal y rocas para estabilizar caminos o construir plataformas de sondaje, se hace perforación con explosivos; hay derrames de aceite, petróleo y tóxicos; remoción masiva de hielo con maquinaria pesada y la sepultación de glaciares bajo botaderos de estériles. El contacto entre los desechos mineros con la atmósfera, produce una reacción química que acidifica el agua. Dado que las actividades mineras se desarrollan en las cabezas de las cuencas, la contaminación percola aguas abajo hacia ríos y esteros. Las represas hidroeléctricas para dotar de energía a la minería son otra amenaza a los glaciares.

En Chile no existe ninguna ley que los proteja; aunque sabemos que la solución a estos problemas no se resuelve solo a través de la legislación, por eso queremos promocionar la idea de “Chile País glaciar”, y no “Chile País Minero”.

Daniela Campolina

Movimiento por las Sierras y Aguas de Minas Gerais (MOVSAM) - Brasil

En enero 2019, en Brumadinho en el estado de Minas Gerais - Brasil, se rompió una represa de relaves donde se depositaban los desechos generados en las minas, formados por una mezcla de rocas molidas, agua y minerales tóxicos, produciendo un crimen ambiental sin precedentes. La mina colapsó y liberó un alud de desechos y toneladas de barro que sepultó las instalaciones de la propia compañía y arrolló las casas, los negocios y los residentes, todo lo que encontró en su camino. Treinta ciudades a lo largo de la cuenca del río San Francisco fueron afectadas. La cuenca del río San Francisco, es la segunda mayor del Brasil. En Brumadinho se registraron 276 personas muertas, 17 desaparecidos y muchas personas afectadas. Las autoridades no toman en cuenta a las mujeres ni a los niños como víctimas; el Estado no quiere hacer una fiscalización.

El desastre en Brumadinho se produjo tan solo tres años después de otro colapso de relaveras, ocurrido en Mariana, también en el estado de Minas Gerais. Ahí, varios diques de la mina Bento Rodrigues de la empresa Samarco, se rompieron, un mar de desechos tóxicos de 44 millones de metros cúbico causó 19 muertos, la destrucción de 300 hogares y una tragedia ambiental, que afectó al río Doce, cuya cuenca hidrográfica abarca alrededor de 230 municipios. El ecosistema afectado, llamado rocha canga, está formado por campos rupestres ferruginosos, y es un lugar importante para recargar las fuentes que abastecen a la Región Metropolitana de Belo Horizonte.

Como resultado de estos dos desastres, hay dos ríos muertos: San Francisco y Dolce. El rio Dolce es un río sagrado y las comunidades indígenas lo llaman Watu. En Brasil hay 88 represas se relaves mineras que fueron construidas con la misma tecnología que Brumadinho. Ahora se está pidiendo que se eliminen las represas de relaves para que estos accidentes no sucedan nunca más. Aunque la ley fue aprobada luego del desastre de Brumadinho, recientemente se permitió construir otra relavera en la zona. Los desechos mineros, en especial en escenarios de accidentes como el de Brumadinho, atentan contra el derecho de la naturaleza a la existencia, porque arrasaron las formas de vida y ecosistemas que encontraron a su paso.

Las dos minas son emprendimiento conjunto de las dos empresas mineras más grandes del mundo: Vale S.A. y BHP Billiton.

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Representante del Pueblo Maya Kachi’kel

Guatemala

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En Uruguay es una gran pradera muy apto para la ganadería y agricultura. La minería estuvo operando en el Perú una mina de oro desde inicios de 1990, una empresa española, hasta el año 2006, cuando entró la empresa Oro Sur que cerró hace poco tiempo, que esperaba un préstamo del Banco de la República de Uruguay, la empresa cerró porque tenía problemas económicos, no hizo reparación y dejo cesante a los empleados, que son gente fronterizos (Uruguay / Brasil). En la zona de San Pedro La Laguna, en el Lago Atlitlán, el territorio del pueblo Maya Kachi´kel, la secretaría a cargo del manejo del lago está en proceso de permitir el megaproyecto de limpieza del lago y preparándose para firmar acuerdos autorizando el acceso a empresas para hacer un tipo de explotación en el Lago de Atlitlán. Lo que se suma a la ya existente contaminación del agua.

Para las mujeres es de suma importancia continuar en esta lucha en contra de este megaproyecto, por la relación espiritual que tienen con el Lago, y su defensa forma parte de la recuperación de su autonomía. Las organizaciones de mujeres están trabajando en la limpieza del lago, como alternativa al megaproyecto y están obligando a los gobiernos locales que cumplan sus obligaciones con el lago, al igual que con las autoridades tradicionales y espirituales locales.

El territorio del pueblo Maya Kachi´kel está también amenazada por la construcción de una represa hidroeléctrica, que iba a afectar a toda la zona, y que se paró por la defensa territorial, porque de los ríos depende la vida de las comunidades. Esta es una zona muy seca, las comunidades sufren mucho por la falta de agua. La zona sufre la deforestación lo que hizo que se forme un corredor seco.

Mujeres por la Madre Tierra y defensa del agua

Honduras

Se conoció las conclusiones del Tribunal de la Madre Tierra y la defensa del agua, que respondió a un proceso de articulación de mujeres plurales, que están en defensa de los bienes comunes que incluyen la defensa del agua, las semillas y también con una lucha frontal contra el despojo del extractivismo en manos de empresas transnacionales, que a más de los minerales es un extractivismo que incluye la extracción de la cultura y nuestras subjetividades.

El tribunal tuvo como resultado una alianza que preparó una agenda política que está siendo presentada al gobierno, a la cooperación internacional, a los hombres, a las transnacionales y a las organizaciones de mujeres. El Tribunal reconoció a la madre tierra son sujeta de derechos, y hacen un llamado a respetar los derechos de las mujeres y de la naturaleza.

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Nancy Fuentes

GRUFIDES-RED - Perú

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En Perú se presentan todos los patrones de hostigamiento a las mujeres que se luchan contra la minería. Hay varios conflictos activados, que incluyen asesinatos, despojadas de sus propiedades, encarceladas, maltratadas, se destruyen las ollas comunes que se preparan en las luchas antimineras, algunas con descalificadas por sus compañeros para las negociaciones, a pesar de que ellas están en la primera línea de lucha. Hay un deterioro de la salud de las mujeres.

Un caso emblemático es el de Máxima Acuña. Ella compró su tierra con su marido cerca de unas lagunas la Minera Yanacocha solicitó expandir su explotación con el Proyecto Conga. Newmont Mining Corporation dijo en 2015 que ellos habían adquirido aquellas propiedades de parte de la comunidad local en 1997 quien desde hace varios años está procesada por posesión ilícita de la tierra porque la comunidad vendió la tierra a la empresa, pero ella se opuso. Ella está mal de salud, tiene angustias, desmayos, está deprimida y muy débil, porque es objeto de mucha presión.

Ivonne Ramos

Acción Ecologica, Ecuador

En el Ecuador hay varios casos de criminalización por sus actividades en contra de las actividades mineras. Sólo en agosto 2015 se criminalizó a más de 20 mujeres. Se ha caracterizado la figura de femogenicidio para los pueblos en aislamiento voluntario. El pueblo sapara han sido hostigadas en las zonas donde reproducen como sus casas, as chacras. Ante la expansión de la frontera extractiva, surge la asociación de mujeres amazónicas, quienes han hecho dos marchas a Quito y sentaron al presidente para que les escuche.

Las mujeres son las voceras con mucho reconocimiento ético y político a nivel nacional e internacional, lo que les protege, a pesar de la criminalización. Se está trabajando con la Relatora de Pueblos Indígenas, para que conozca el mandato de las mujeres, lo que les sirve de protección. Las figuras de criminalización son terrorismo y sabotaje, obstaculización a los bienes públicas.

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Daniela Rojas

CENSAT/Red de Mujeres - Colombia

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En Colombia un factor importante es el desplazamiento forzado. Muchas mujeres han tenido que salir de sus territorios con sus familias, por las múltiples amenazas que han recibió. Aunque hay muchas agresiones a las mujeres y hombres defensores, los registros son incompletos. Pero se sabe que este año las agresiones han aumentado en un alto porcentaje.

La Asociación de mujeres Wayoo han sido permanentemente agredidas por actividades relacionadas con la extracción de carbón. En el Norte del Cauca, Francia Márquez, quien recibió el Premio Goldman, también ha sido desplazada. Estrategias para enfrentar estas agresiones son colocar a las mujeres como candidatas para gobiernos de elección popular, y las consultas populares.

Daniela Campolina

Movimiento por las Sierras y Aguas de Minas Gerais (MOVSAM) - Brasil

En Brasil hay algunos casos de agresiones. Un grupo de mujeres pararon por algunas horas al tren de Valle, y fueron procesadas por violar el derecho de movilizarse. Ellas protestaban por la falta de acceso al agua limpia. Es interés de las empresas que las personas salgan de sus territorios, y para eso hacen sonar sirenas como mecanismo de hostigamiento. Las profesoras son hostigadas por medio de perder sus trabajos si hablan de la minería. Les obligan a seguir cursos para promocionar la minería. La empresa intenta hacer reparaciones individuales sino colectivas.

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Representantes de la Cuchilla

Guatemala

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En Guatemala se les criminaliza como terrorismo sedición, secuestro y rebelión a los defensores de derechos. Es una fórmula que se le aplica a todos los defensores. Las compañeras esposas de los presos políticos, deben enfrentar una vida muy dura. Les piden que presenten alternativas a la minería, pero la gente vive bien sin la minería, y no necesitan alternativas. La economía campesina es una economía para la vida, que no implica violencia, no solo a las personas sino a todos los seres vivos. La Minera San Rafael está acabado con los nacimientos de agua. Muchas de las nacientes de agua se están secando, al igual que nuestros pozos. El agua entubada se termina, y tenemos que sectorizar los pozos, y la gente entran en conflicto por el acceso al agua.

Las consultas han sido una estrategia para enfrentar esta problemática desde las comunidades.

En la aldea La Cuchilla hace 17 años era un lugar muy sencillo con mucha agua, hasta que empezó a operar la mina San Rafael de las Flores, de propiedad de la empresa canadiense PanAmerican Silver. La empresa es responsable de las rajaduras, temblores y colapsos de las casas que han ocurrido en los últimos años, pero la mina niega su responsabilidad.

Nos han ha quitado el derecho a una casa digna, al trabajo, a la salud y que la minería les ha dejado en una pobreza muy grande, porque no tienen apoyo para hacer ninguna actividad. Sim embargo, el Estado no ha determinado la responsabilidad de empresa.

Como resultado de la empresa minera en Nueva Santa Rosa, se ha catalogado a la población como gente conflictiva. La iglesia católica siempre ha estado consciente y cercanos al pueblo, pero algunos sacerdotes no defienden la casa común. La iglesia evangélica les manda a orar, y les dicen que el oro y la plata fue puesta para que la gente pueda comer, y que dios va a reconstruir todo. Dicen que la gente que se opone son gente violenta. Las autoridades municipales que han puesto la cara por la gente, lo que les permitió hacer las consultas municipales, pero otros han destruido el liderazgo de los defensores. En 2013 se asesinó a Topacio, una activista de 17 años, pero su ejemplo sirve de inspiración a otros jóvenes.

Representante de la Aldea Carrizal Pueblo Maya Chorti

Guatemala

En la Aldea Carrizal del pueblo Maya Chorti del municipio de Olopa, departamento de Chiquimula la población tiene problemas con la empresa Cantera de los Manantiales que recibió una licencia sobre sus tierras colectivas, donde se explota tres tipos de minerales, incluyendo antimonio.

La población desde hace cinco años se está haciendo resistencia día y noche. En 2014 entraron con la maquinaria haciendo trocha, y votan los escombros por todas parte, incluyendo las fuentes de agua.

Nuestra resistencia es pacífica, algunos han muerto a causa de la empresa. Se está acusando a 14 personas. Desde febrero ya no opera la empresa porque no contaba con licencia ambiental. Pero ahora, ya no podemos sembrar los frijoles y otros cultivos por la contaminación. Tampoco hay peces en los ríos ni bosques.

En temas de salud, hay mujeres que han abortado y niños están con llagas porque toda el agua está contaminada. Pero no nos intimidamos.

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Marianela Gamboa

Sumaj Kawsay Observatorio Feminista Antiextractivista, Argentina.

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En Argentina hay varios casos de persecución en los pueblos indígenas que resisten a las actividades mineras, que incluyen la quema de sus casas, asesinatos (como Rafael Nahuel), gente en la carcel, despidos y persecución de compañeras docentes y militarización del territorio y la presencia de policías con armas largas son nuevas síntomas de lo que está pasando en el campo anti-minero en el país.

Red de Mujeres Campesinas del Valle del Aguan

Honduras

Asociación de las mujeres del Aguán, departamento de Colón en Honduras, estamos en un proceso de defensa de los ríos y la recuperación de la tierra de los terratenientes, para los campesinos. Ahora los campesinos tenemos una deuda con el Estado, y tememos ser desalojados por la falta de pago de las deudas.

Desde hace 10 años tenemos problemas por la toma de las tierras del más grande terrateniente del país. El gobierno le pagó la deuda a ese terrateniente, y ahora debemos pagarle al Estado, lo que nos ha dejado en una condición de pobreza.

Las defensoras sufrimos mucho. Somos las que más aportamos a las organizaciones, pero somos las mas empobrecidas, lo que nos afecta psicológicamente. La mayoría somos madres solteras.

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Dictamen del Tribunal

Sábado 16 de Noviembre de 2019

El Tribunal de mujeres defensoras de la Naturaleza y los Pueblos contra la Minería sesionó en la ciudad de Guatemala el 16 de noviembre de 2019, en el marco de la X Asamblea de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales.

En una intensa jornada de trabajo escuchamos el testimonio de decenas de casos sobre los impactos de la Minería en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y territorios del norte, sur, oriente, occidente y del centro de Guatemala. Contamos adicionalmente con la presencia de 2 redes internacionales de mujeres defensoras frente a la minería una de África, WOMIN y una de Asia, WOMA.

Las exposiciones se dividieron en tres ejes complementarios y convergentes: Afectaciones a la Naturaleza, a los Pueblos y a las Defensoras de derechos humanos y de la naturaleza.

Veredict of the Court

Saturday November 16th, 2019

The Court of Women Defenders of Nature and Peoples against Mining met in the city of Guatemala, in November 16th, 2019; in the framework of the X Assembly of Latin American Women Defenders Network of Social and Environmental Rights.

During an intense day of work we listened to dozens testimonies of cases about mining impact in Nicaragua, El Salvador, Hondura, Ecuador, Peru, Colombia, Argentina, Chile, Brazil, Uruguay and territories in the North, South, East, West and Central Guatemala. Additionally we have two international networks of women defenders facing mining, one from Africa, WOMIN and one from Asia WOMA.

The presentations were divided in three complementary and convergent axes: Impact to the Nature, to the Peoples and to Women Defenders of human and nature rights.