LA XV CONFERENCIA DE LAS PARTE DEL CONVENIO DE BIODIVERSIDAD

¿PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA O REGRESIÓN DE DERECHOS?

Dentro de los límites planetarios se ha definido a la pérdida de la biodiversidad como uno de los más graves, porque se pone en peligro los “sistemas de soporte vital” naturales. La extinción de especies, la devastación de los ecosistemas, la pérdida de diversidad biológica y el deterioro de las funciones naturales, alcanzan niveles históricos, y son el resultado del modelo de desarrollo que se ha impuesto a nivel planetario; un modelo que ha convertido a América Latina en una zona de sacrificio, para la extracción de minerales, petróleo, madera, commodities agroindustriales, afectando seriamente la biodiversidad.

De cara a estas problemáticas, las naciones del mundo negociaron el Convenio sobre Diversidad Biológica. Lamentablemente, este es un convenio que ya tiene 30 años se existencia, y que ha hecho muy poco para salvar la biodiversidad planetaria.

A finales del 2022, se llevó a cabo la XV Conferencia del Convenio de Biodiversidad (COP15), cuyo principal objetivo fue la adopción de un Marco Global de Biodiversidad (GBF) posterior a 2020.  El principal “logro” de la Conferencia, fue la llama Agenda 30/30, que pretende destinar el 30% de la superficie terrestre y los océanos del mundo como áreas protegidas hasta el año 2030. Esta agenda puede ser desastrosa para los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales que han cuidado y protegido sus territorios.

En varias regiones, la declaración de áreas protegidas ha generado desalojos de comunidades. De hecho, en el Ecuador el Código Orgánico Ambiental y su Reglamento contemplan la figura de “expropiación”[1] a comunidades que ocupan espacios declarados como áreas protegidas, y establece limitaciones de uso y goce de “las propiedades existentes en ellas[2]. Es decir, se estaría afectando a las poblaciones que menos responsabilidad tienen en la destrucción de la biodiversidad.

Si bien la Agenda 30/30 incluye ‘otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas’ (OECM, por sus siglas en inglés) los requisitos que deben cumplir las comunidades cuyos territorios han sido convertidos en “áreas protegidas”, constituyen una vulneración al derecho que tienen a su autodeterminación.

El Relator Especial de Ambiente[3] propone prevenir el abuso a los defensores del ambiente, tratar los temas de la conservación desde una perspectiva de derechos, respetando los territorios de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras comunidades tradicionales, incluyendo a los campesinos cuyos derechos ya fueron reconocidos por las Naciones Unidas. Además hace un llamado a los gobiernos para dejar de perseguir a los defensores del ambiente.

Por su parte, el Relator Especial de Pueblos Indígenas en su informe a la Asamblea Nacional de la ONU señala que aumentar el número de áreas protegidas no sirve para atacar efectivamente las causas o consecuencias del cambio climático, y recomienda que las iniciativas de conservación que se emprendan en tierras y territorios de los pueblos indígena, deben reconocer a dichos pueblos como titulares de derechos. El Relator Especial añade que , lo que beneficiará en última instancia al planeta y a sus pueblos en su conjunto, es que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, y no que se excluya a esos pueblos de sus territorios en nombre de la conservación[4].

Las estrategias de conservación centrada en las áreas protegidas desvía la atención de las verdaderas causas que provocan la destrucción de la biodiversidad, como es la expansión de la frontera extractiva, del agronegocio y de la construcción de grandes obras de infraestructura hacia zonas biodiversas, incluyendo territorios indígenas y otras comunidades tradicionales, e inclusive en áreas protegidas, como es el caso del avance petrolero en el Parque Nacional Yasuní y de la minería en la Reserva de la Biosfera Chocó Andino. En el tema de los océanos, debe frenarse la sobrepesca, la proliferación de la acuacultura y la minería en el mar.

Es además preocupante que en la Conferencia de Biodiversidad se proponen mecanismos financieros innovadores como son las grandes donaciones que están haciendo los más grandes billonarios del mundo, que lejos de tener propósitos altruistas, en realidad tienen sus propias agendas corporativas. Por ejemplo, nos alerta Silvia Ribeiro como Jeff Bezos (de Amazon) financia 100 mil millones de dólares a través del Earth Fund al proyecto AFR100. Este hombre, que pretende verdear su imagen a través de estas donaciones, está llenando el planeta, por un lado con plantaciones forestales para la producción de celulosa, y por otra, de cartón y papel de sus entregas a domicilio[5].

Otro mecanismo es el canje de deuda por conservación, que están destinados sobre todo a temas marinos. Al respecto, un grupo de organizaciones[6] presentaron su malestar en la COP15, pues aunque estos canjes de deuda se presentan como “soluciones ingeniosas porque aportarán con fondos para la conservación marina, y significarán alivio a la deuda, la realidad es que estos acuerdos compromete a los gobiernos a aportar millones de dólares, canalizados a través de una nueva ONG de conservación nacional en cada país, que tendrá el control sobre las políticas y manejo de recursos marinos y manejará presupuestos superiores a los Ministerios del Ambiente de los países. Las comunidades de pescadores artesanales y recolectores tradicionales no juegan ningún rol en estos acuerdos.

Otro aspecto preocupante es que las obligaciones que tienen los gobiernos, están siendo reemplazados por medidas corporativas voluntarias, incluyendo a las grandes corporaciones internacionales de conservación. Proliferan al momento todo tipo de iniciativas público privadas de corte empresarial como los bio-créditos, que son unidades negociables de biodiversidad, para “incentivar la conservación y restauración de la naturaleza”. Al igual que los créditos negociables de carbono, los bio-créditos pueden comprarse y venderse en una transacción de mercado o a través de tratos directos, y que surgen de acciones de gestión acordadas previamente que mejoran la biodiversidad con respecto a una línea de base.

Están también las compensaciones de biodiversidad, que están diseñados para contrarrestar o compensar acciones con impactos negativos sobre la biodiversidad en otros lugares. Por ejemplo, se puede hacer una compensación para impactos “verdaderamente inevitables en la biodiversidad”.

A más de los aspectos financieros descritos, se han propuestos mecanismos tecnológicos para reducir la pérdida de biodiversidad. En los corredores de la conferencia se escuchó decir a un delegado del Ecuador que la aplicación de nuevas tecnologías moleculares (es decir, organismos genéticamente modificados; específicamente los impulsores genéticos), podrían ser usados para erradicar las especies invasoras en Galápagos, una propuesta hecha por un representante gubernamental proveniente de un país declarado constitucionalmente “Libre de Transgénicos”, y donde están prohibidas las biotecnologías experimentales[7].

Durante las negociaciones de la COP15 se introdujo el lenguaje de “positivo para la naturaleza”, que como ocurre con el cambio climático y “cero neto”, es un concepto vacío y que invita al lavado verde corporativo. Así, en noviembre de 2022, se publicó un artículo[8] sobre cómo varias empresas forestales, las principales destructoras de los bosques estaban siguiendo una “hoja de ruta” hacia la positividad de la naturaleza.  

Aunque se anunció con bombos y platillos que en la COP15 se alcanzó un acuerdo para frenar la pérdida de biodiversidad en el mundo, es posible que sólo signifique mucho maquillaje verde y una regresión en derechos para las comunidades que tradicionalmente la han cuidado y protegido, y una vulneración de los derechos de la naturaleza.

[1] Art. 49 del Código Orgánico Ambiental (COA) y Art. 76 del Reglamento al COA (RCOA)

[2] Art. 37 del COA y Art. 68 (b) RCOA

[3] David R. Boyd D.R.  Keene S ( 2021). Human rights-based approaches to conserving biodiversity: equitable, effective and imperative

[4] Calí Tzay (2022).  Áreas protegidas y derechos de los pueblos indígenas: las obligaciones de los Estados y las organizaciones internacionales. Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígena a la Asamblea Nacional de la ONU.

[5] Riveiro Silvia (2022). Billonarios contra la biodiversidad. La Jornada 17 de diciembre 2022

[6] Comité para la Abolición de la Deuda Ilegítima, CAN, Greenpeace y otros (2022). Financiación de la agenda 30×30 para los océanos: Hay que rechazar los canjes de deuda por naturaleza.

[7] Art. 401 de la Constitución de la República del Ecuador

[8] https://www.wbcsd.org/Programs/Food-and-Nature/Nature/Nature-Positive/Roadmaps-to-Nature-Positive

Ahí se incluyen empresas forestales Drax Group, International Paper, Mondi, Smurfit Kappa Group, Stora Enso, Sumitomo Forestry y Weyerhaeuser