El Agronegocio deforestó 51 mil canchas de futbol de vegetación natuva en el cerrado bahiano

3 de agosto de 2022

Vasconcelo Quadros / Agência Pública

El Instituto de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de Bahía (INEMA) habría hecho la vista gorda ante una serie de irregularidades ambientales y permitió que grandes empresarios agroindustriales deforestaran, entre 2015 y 2021, más de 50.000 hectáreas de vegetación nativa del cerrado en el oeste de Brasil. entre las cuencas de los ríos Grande y Corrente, afectando la vida de una población tradicional estimada en más de 600 mil personas distribuidas en 31 municipios de Matopiba, región conocida como la nueva frontera agrícola en el límite entre Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía.

La denuncia es el resultado de un proyecto sin precedentes titulado “Desvelando la A.S.V de Cerrado Baiano”, con el cruce de datos oficiales y el análisis de miles de ordenanzas emitidas por la agencia ambiental estatal oficial (Inema) que autorizan la deforestación. En el informe, al que tuvo acceso exclusivo Agência Pública, el Instituto Mãos da Terra (Imaterra), la Universidad Federal de Bahía (UFBA), WWF-Brasil, el Instituto Sociedade, Poppula e Natureza (ISPN), Instituto de Investigaciones Ambientales de la Amazonia (Ipam) y Observatorio de Matopiba.

La encuesta enumera al menos 21 tipos de irregularidades que incumplen la normativa o vulneran la legislación medioambiental y que el Inema no habría tenido en cuenta a la hora de conceder la denominada Autorización de Supresión de Vegetación (ASV) a 16 grandes explotaciones productoras de cereales en la región Información extraída de las ordenanzas de concesión, declaraciones de empresarios y estudios de campo demuestran, según las entidades, que el Inema no solo adaptó la legislación estatal para servir al agronegocio, sino que también desconoció las leyes federales, en una sucesión de irregularidades que podrían, según el estudio, tipificarse como delitos ambientales.

La bióloga Margareth Peixoto Maia, de Imaterra, quien coordinó el peine de dientes finos en las ASV, dijo a Pública que los resultados de los análisis muestran que el Inema no está considerando de manera adecuada y rigurosa los requisitos estipulados como obligatorios en la legislación ambiental en los casos de supresión de vegetación nativa, además de incumplir la ley de transparencia al limitar el acceso a la información y documentos públicos sobre deforestación a las entidades.

La encuesta evaluó inicialmente 5.126 ordenanzas de Autorización de Supresión de Vegetación emitidas por el órgano de control entre 2007 y junio de 2021 para todos los biomas de Bahía, de los cuales 1.051, o el 21% del total, están relacionados con el Oeste del Estado, exactamente la región donde hoy se concentra la fuerza de la agroindustria en Matopiba. De este conjunto, los técnicos seleccionaron 535 ordenanzas publicadas entre enero de 2015 y junio del año pasado. Al final, el análisis se centró en 26 procesos en los que se contó con información más precisa sobre las coordenadas geográficas de los predios con indicios de irregularidades y de estos, se concluyó que al menos 16 fincas cometieron irregularidades en serie, sin ser imputadas o al menos. menos alertados por la agencia ambiental.

Las irregularidades, según la encuesta

Las irregularidades más graves, consideradas como delitos ambientales en otros estados, están relacionadas con el otorgamiento de Autorización de Supresión de Vegetación sin aprobación de reserva legal e inscripción en el Registro Forestal de Bienes Raíces Rurales del Estado (Cefir); Áreas de Preservación Permanente (APP) incorrectamente declaradas o simplemente no declaradas, algunas de ellas deforestadas y degradadas, pero no incluidas en la solicitud del empresario; falta de inventario forestal bajo la justificación de la ausencia de vegetación cuyas imágenes satelitales y fotos del área muestran que existe en los predios.

Otro hallazgo considerado grave es la presentación de un inventario referente al área distinta de aquella en la que el propietario solicita la Autorización de Supresión de Vegetación y listados que citan especies de plantas que ni siquiera existen en los biomas brasileños; otra infracción común es la ausencia de un plan para ahuyentar y rescatar la fauna, lo que derivó en uno de los casos, en operaciones con el uso de perros de caza – terminantemente prohibido – y sin la definición de establecimientos para el tratamiento de animales lesionados durante la operación.

Según Imaterra, el Inema no solo no exigió una serie de documentos previstos por la ley, sino que permitió la deforestación sin identificar medidas paliativas. La agencia ambiental tampoco analizó adecuadamente el impacto de la deforestación y el potencial de conflictos en las comunidades afectadas, que ya estaban restringidas en sus actividades básicas, como la ganadería y el extractivismo, y el derecho de ir y venir.

Pública hizo un ranking, basándose en la encuesta, clasificando por el tamaño de las áreas deforestadas, la participación de cada uno de los proyectos en la deforestación total de 50.723,99 hectáreas de vegetación nativa, equivalente a un área de más de 51.000 campos de fútbol – que simplemente desaparecieron del paisaje del cerrado bahiano.

En la parte superior está la propiedad de Delfin Rio S/A Crédito Imobiliário, controladora de una de las fincas del Condomínio Estrondo, en Formosa do Rio Preto, que habría talado casi la mitad del total, exactamente 24.732 hectáreas de vegetación nativa de la Cerrado en la cuenca del río Grande. Luego viene Santa Colomba, 4.986,61, la única de las 16 que, ubicada en la cuenca del río Carinhanha, fue incluida en el levantamiento por la relevancia de un grave conflicto de tierras entre la comunidad y los empresarios.

Las tres fincas con mayor área deforestada en la región, Delfim, Santa Colomba y Tamarama, también son las que habrían infringido la legislación nacional y estatal: dos leyes, dos decretos y ocho ordenanzas y normas de protección social y ambiental, además de Se analizaron las Autorizaciones de Supresión de Vegetación.

Delfín, que forma parte del Condominio Estrondo, con una extensión de más de 300 mil hectáreas, según el estudio, habría cometido 13 irregularidades y obtenido un ASV sin haber aprobado la reserva legal del inmueble. Las ordenanzas, dicen las entidades, son una síntesis del trato privilegiado de Inema a la gran agroindustria. Delfín también fue analizado en otro informe específico elaborado por Imaterra. Señala que la empresa no habría informado que el área solicitada tiene 236,2 hectáreas de APP, no habría presentado un plan de reserva legal, habría ignorado áreas deforestadas no utilizadas, y otras áreas degradadas que no fueron recuperadas y no habría hecho ninguna referencia

a la existencia de sitios arqueológicos cercanos a la propiedad. La empresa tampoco proporcionó información adecuada sobre los posibles impactos socioambientales resultantes de la pérdida de biodiversidad o el compromiso de los recursos hídricos y el clima. El inventario forestal presentado por Delfín, según el análisis, no hace referencia a la presencia de vegetación cuya tala está prohibida, estrategia para, según el estudio, desviarse de la obligación de adoptar medidas compensatorias. El Inema, que tiene la obligación de cumplir la ley, aceptó la prórroga de la Autorización de Supresión de Vegetación por seis años sin solicitar ningún nuevo estudio, incluso ante información incompleta o desactualizada sobre fauna y flora.

El estudio de Imaterra también advierte que la empresa habría generado una relación crítica con las comunidades tradicionales de Cachoeira, Marinheiro, Cacimbinha, Gatos y Aldeia, alrededor de Fazenda Estrondo, donde viven varias generaciones. La zona es escenario de sucesivos conflictos generados por la superposición de deforestaciones autorizadas en los territorios de estas comunidades tradicionales. En permanente conflicto con la empresa, los pobladores sufren restricciones de entrada y salida, impactos ambientales, y esperan la regularización de su territorio a través de la acción discriminatoria en curso.

La segunda empresa más grande deforestada, con un total de 4.986 hectáreas, Santa Colombo, presuntamente cometió ocho infracciones a la legislación. Allí, Imaterra encontró 73,38 hectáreas de APP no declaradas, áreas degradadas -que por sí solas, según el Código Forestal, imposibilitarían otorgar ASV-, inventario forestal con una especie desconocida y sin registro en el país, además de daños al modo de vida de los “geraizeiros” (habitantes tradicionales del cerrado, reconocidos por el Gobierno Brasileño en 20027), pues se interrumpe su acceso a las áreas de extractivismo y liberación de ganado.

Fazenda Tamarana, con 2.884 hectáreas deforestadas, presuntamente incurrió en nueve irregularidades, según el relevamiento. Además de obtener la concesión de la Autorización de Supresión de Vegetación sin aprobación de la reserva legal, la empresa informó un área de compensación ubicada a 90 kilómetros de la propiedad, superponiéndose a la posesión de una comunidad tradicional en la localidad de Capão Modesto, donde viven 60 familias que viven de la ganadería y el extractivismo y ahora, si se mantiene la reserva legal declarada en la ASV, están amenazados con la expulsión de sus tierras.

Tamarana tampoco presentó estudios de impacto ambiental y presentó un inventario forestal con errores en el análisis de compensación y reposición forestal al no reportar la existencia de especies arbóreas en peligro de extinción. En el plan de rescate de la fauna, ni siquiera se indica una institución habilitada para recibir animales heridos o muertos durante el operativo, realizado por personas no habilitadas para el manejo, como lo exige la ley.

El estudio indica, según Margaret Peixoto Maia, que en los municipios afectados por el otorgamiento masivo de autorizaciones por deforestación irregular, se agudizó el PIB per cápita, el IDH y las desigualdades, es decir, los commodities soja, maíz y algodón destinados a la exportación, como resultado de la ola de expansión de la nueva frontera agrícola del oeste de Bahía, se enriquecieron sólo los más ricos. La situación se agrava por los pasivos ambientales, los impactos sobre el clima, sobre los recursos hídricos, como ya se mostró en el especial “Los privilegiados con agua del Cerrado Baiano”, publicado por Pública, el año pasado, y en los conflictos territoriales que involucran a

pueblos tradicionales y empresarios. en una región también marcada por el acaparamiento de tierras sostenido por la indulgencia del gobierno y la corrupción en el poder judicial.

Operación Salvaje Oeste

En diciembre de 2019, la Policía Federal y el Ministerio Público Federal lanzaron la llamada Operación Faroeste, mediante la cual se develó una bien engrasada máquina de fraude en el acaparamiento de terrenos baldíos en Matopiba, perpetuada con la connivencia del Poder Judicial. El escándalo derribó la cúpula del Tribunal de Justicia de Bahía, llevó a jueces a la cárcel y dejó abierta la idea de que grandes empresas agroindustriales fueron estructuradas en el Oeste de Bahía utilizando uno de los esquemas de fraude de tierras más audaces jamás descubiertos en el país.

“Al ignorar la legislación ambiental, el gobierno de Bahía convirtió la deforestación en una política pública de Estado. Las señales de eso están en el cambio de la legislación ambiental – como el fin de la exigencia de licencia ambiental y de la reserva legal -, en el modus operandi que ignora las prohibiciones previstas en la legislación estatal y el hecho de que casi el 100% de la deforestación se realizó con autorización del gobierno estatal”, dice la bióloga Margareth Peixoto Maia. Según ella, en otros estados, incluso donde el agronegocio representa la principal fuerza de la economía, las violaciones de la legislación ignorada por Inema caracterizan el delito de deforestación ilegal.

En la lista están empresarios vinculados a políticos, agronegocios e incluso agencias gubernamentales. En 13 años, hubo más de 3.800 multas por un valor de alrededor de 235 millones de reales.

Los privilegiados con el agua del Cerrado Bahiano

Los nombres vinculados a asociaciones de agronegocios que pueden recolectar hasta 1.800 millones de litros diarios de forma gratuita, un volumen capaz de abastecer a 11 millones de personas.

Preocupan a las entidades un probable avance descontrolado de la deforestación en el Estado a raíz de la ola de concesiones de Autorización para la Supresión de Vegetación. En otro trabajo coordinado por Margareth Maia, este involucrando toda la superficie del Estado, Imaterra y UFBA analizaron más de 4 mil ordenanzas ASV, publicadas por el gobierno estatal entre enero de 2010 y julio de 2020, y concluyeron que las autorizaciones resultaron en la deforestación de más de 800 mil hectáreas, equivalente a 26,4 veces el área continental del municipio de Salvador. A modo de comparación, cita el caso de Mato Grosso, el mayor productor de granos del país, que emitió, entre 2009 y 2018, 580 ASV.

“Casi toda la supresión de la vegetación nativa que ocurrió en el estado durante este período fue autorizada por el gobierno de Bahía, representando, por lo tanto, una política pública del gobierno. Esto difiere de la realidad de otros estados. En Mato Grosso, la deforestación se llevó a cabo entre 2012 y 2017, desconociendo infracciones que aquí se relajaron, se consideró ilegal en el 97% de los casos”, dice.

La flexibilización de la legislación ambiental comenzó con un decreto del gobierno estatal de 2014 (número 15.682), bajo la administración del senador y exgobernador Jaques Wagner, por el que se condonó el requisito de licencia ambiental para el

desarrollo agrosilvopastoril. Fue, según el biólogo, uno de los mayores retrocesos, allanando el camino para la concesión masiva de ASV, estos incorporados como política de gobierno.

En 2016, alertado del desastre, el Ministerio Público Federal incluso recomendó al gobernador Rui Costa revocar el decreto, ordenando a Inema retomar su actuación a la luz de la legislación vigente. El gobierno aún no ha respondido. La conclusión de Imaterra sobre las concesiones masivas de ASV es una advertencia sobre el avance de la deforestación en Bahía, estado que desde 1985, según estudios incluidos en el informe, ha perdido el 23,1% del Cerrado, el 15% de la Mata Atlántica y el 11,6 % de la caatinga. El año pasado, según el informe anual de deforestación de la edición 2021 de MapBiomas, publicado a principios de este mes, Bahía ocupó el quinto lugar en el ranking nacional de deforestación, con 152.098 hectáreas suprimidas, o el 9,19% del área deforestada en el país.

Otro lado

Buscada por el informe, Delfin Rio S/A informó en una nota que “no tuvo acceso a la encuesta Imaterra/UFBA, por lo que desconoce las bases que llevaron a tales suposiciones. La empresa las niega todas con vehemencia y asegura que la supresión de la vegetación realizada en la región pasó por una planificación rigurosa y, posteriormente, por un vasto proceso de licencia ambiental, proceso que llevó seis años de análisis en los órganos ambientales de todos los ámbitos, incluido el Ministerio Público de Bahía, que verificó la legalidad de la licencia ambiental. y no encontró irregularidades”, dice la nota, que puede leerse íntegramente.

Fazenda Santa Colombo y Fazenda Tamarama, citadas en el texto como la segunda y tercera que más deforestaron entre las 16 mencionadas en la encuesta, también fueron buscadas en el informe pero no respondieron hasta su publicación. Lo mismo sucedió con la agencia ambiental de Bahía, Inema, que no devolvió el contacto del informe. Si lo hacen, el texto se actualizará.