BOLETÍN 32. SERVICIOS AMBIENTALES, DERECHOS DE LA NATURALEZA Y DE LOS PUEBLOS

Ivonne Yánez

ACCIÓN ECOLÓGICA

Introducción

En septiembre 2022, el gobierno de Ecuador propone una enmienda a la Constitución vía consulta popular, para que el artículo 74 (referido a los servicios ambientales) diga:

“El Estado, en su calidad de administrador de los servicios ambientales, regulará su producción, prestación, uso y aprovechamiento, y definirá los lineamientos y mecanismos de compensaciones que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades reciban por su apoyo a la generación de los mismos”.

En el texto constitucional dice. “Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”.

En este texto se propone que la propuesta de enmienda al artículo 74 de la Constitución podría estar encaminada hacia la apertura total al mercado voluntario y especulativo de los llamados bonos de carbono, tema que se desarrolla a continuación.

¿Qué son los servicios ambientales?

La figura de “servicios ambientales” nace en Estados Unidos en la década de 1970. El objetivo era que las corporaciones que degradan el medio ambiente puedan seguir haciéndolo mediante el pago de una tarifa económica. Este pago suele destinarse para conservar, en otro lugar, bosques, especies o ecosistemas parecidos a los destruidos y, mediante este mecanismo, dichas empresas adquieren permisos o certificados de compensación de servicios ambientales.

Con este mecanismo mercantil, se le atribuye a las funciones, ciclos, estructuras o elementos de la naturaleza un carácter de servicio ambiental que puede ser comprado, vendido, privatizado y apropiado a través de mecanismos de mercado, sometiéndola a una condición de servidumbre, mientras duren los contratos de compraventa o los derechos de propiedad sobre ellos.

Los servicios ambientales, en sus diferentes formas, hacen que quienes dan los fondos para la compensación, puedan mantener sus actividades destructivas a la naturaleza y a los pueblos.

La conceptualización de los “servicios ambientales”, su valoración y posterior titulación, extrapola ciertos conceptos de la ecología a la economía. Existe una diferencia fundamental entre la definición de las “funciones ecológicas” (protegidas por la Constitución del Ecuador en el Art. 71), con la de los servicios ambientales.

La función ecológica es un criterio biológico y ecológico, e incluye principalmente:

  • Asegurar la continuidad evolutiva de las poblaciones biológicas
  • Mantener los procesos ecológicos, como son la sucesión ecológica (desde comunidad pionera a clímax), el ciclo de nutrientes, el equilibrio de las redes tróficas
  • Proveer rutas de interacciones entre los componentes vivos y de éstos con los componentes abióticos de los ecosistemas (agua, suelo, aire, etc.)
  • Proveer de hábitat y nichos ecológicos a la flora, fauna y microorganismos
  • Mantener la estructura de los ecosistemas, incluyendo la estratificación, su bioarquitectura, etc.
  • Mantener la diversidad de las especies y la variabilidad dentro de las especies
  • Asegurar la interacción entre ecosistemas, a través del transportar y reciclaje sedimentos
  • Polinización
  • Proveer refugios para especies migratorias

Sin embargo, los servicios ambientales, pertenecen al ámbito de la economía ambiental, hoy llamada “economía verde”, que considera a la naturaleza como capital natural, y pone precio a las funciones naturaleza[1]. Quienes han cimentado los servicios ambientales, incluyen entre ellos por ejemplo a:

  • El ciclo del carbono y la regulación del clima
  • La provisión de agua limpia, a través de filtración, su retención y almacenamiento (como la función de los páramos)
  • La formación de los suelos, por medio de la acumulación de material orgánico por cientos de años
  • El ciclo de nutrientes, incluyendo fijación de Nitrógeno y otros elementos importantes
  • La polinización de insectos, murciélagos, aves y otros animales
  • El control natural de inundaciones, de los caudales de los ríos, de las barreras de vegetación
  • La producción de alimentos, la generación de semillas
  • La regeneración y diversificación de la biodiversidad

Entre de los llamados servicios ambientales que más se han colocado en los mercados son: la generación de biodiversidad, el ciclo del agua y el ciclo del carbono. Este último, desde hace tres décadas ha recobrado relevancia debido al cambio climático.

El cambio climático y los servicios ambientales

Se sabe que el cambio climático se produce por un exceso de CO2 en la atmósfera, principalmente fruto de la extracción y quema de combustibles fósiles como son el gas, el petróleo y el carbón. Desde hace varias décadas que ya se conoce que es esta la principal causa del calentamiento global, pero, a pesar de esto, las políticas gubernamentales e internacionales que debieran enfrentar la raíz del problema han propuesto soluciones de mercado de servicios ambientales, para así poder evitar la toma de medidas drásticas como es empezar a dejar sin extraer hidrocarburos del subsuelo; solución que lo recomienda enérgicamente inclusive el Panel Intergubernamental de expertos en cambio climático de Naciones Unidas (IPCC).

Contribuyen además al cambio climático la deforestación debido a la industria maderera, al avance de los monocultivos, el extractivismo minero, la construcción de infraestructura y carreteras, la cría masiva de animales, son responsables de generar emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

En relación a la problemática de la deforestación como causante del cambio climático, en lugar de detenerla, se han propuesto mecanismos de pago por servicios ambientales y de mercado, entre los que se encuentra por ejemplo REDD[2] y REDD+[3] Hace 15 años, se presentó en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático la propuesta para compensar financieramente a los gobiernos y a otros actores, por la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionada con la disminución de la deforestación y la degradación forestal. Es decir, recompensar la conservación forestal en los países de Sur, creando un valor financiero por el Carbono acumulado en los bosques. Este ha sido uno de los mecanismos más controversiales en este debate, por los comprobados impactos que ha tenido sobre los derechos y acceso a tierras y territorios en el Sur global. Contrariamente a lo que sugiere el nombre, REDD no tiene como objetivo cuidar los bosques, sino con el mercado de servicios ambientales atribuidos a los bosques.

En lugar de enfrentar las causas de las crisis climáticas, desde los sectores corporativos, financieros y de gubernamentales, se han propuesto falsas soluciones, entre las que está el mercado de compensaciones de emisiones de carbono, como es la protección de bosque o el establecimiento de plantaciones forestales, para que estas plantas “atrapen” el CO2, que las empresas generan, a través de la fotosíntesis (que consiste en usar el CO2 atmosférico y transformarlo en alimento para las plantas).

En este escenario de compraventa de carbono (de certificados de compensación de carbono, es decir del servicio ambiental atribuido al ciclo del carbono), países como el Ecuador, con sus bosques, sus manglares, sus páramos, sus cultivos de café, sus ricos suelos, podría vender certificados de carbono a países del Norte industrializado, a empresas petroleras o mega mineras, o a una empresa que fabrica millones de toneladas de plásticos y cartón, para que puedan seguir deforestando, generando desechos o extrayendo y quemando petróleo.

Para una empresa altamente contaminante -como una cementera, por ejemplo- bastaría que compre certificados de Carbono proveniente de un bosque en territorio de un pueblo indígena, para continuar con sus prácticas contaminando, y sin que se produzca ninguna reducción de emisiones de CO2 ni menos una mejora en las crisis climáticas.

Quienes podrían comprar los servicios ambientales podrían ser las empresas que más contribuyen al cambio climático o a la destrucción de los ecosistemas, como empresas petroleras, mineras, cementeras, la industria de producción masiva de animales que genera grandes cantidades de metano (otro poderoso gas de efecto invernadero).

La venta de servicios ambientales es una licencia para contaminar y destruir biodiversidad.

En las últimas décadas, los mercados de servicios ambientales relacionados con el ciclo del carbono, del agua o a la biodiversidad han crecido mucho, sobre todo en manos de empresas especuladoras, de mercaderes con pocos escrúpulos y de una red de oferta y demanda de servicios ambientales que no ha estado libre de corrupción y crimen (la propia Interpol[4] ha creado una división de mercado de carbono). Así, vemos a los llamados carbon cowboys que visitan a comunidades o convencen a autoridades ambientales en países del Sur global a modificar sus normas y flexibilizar las regulaciones para que se pueda comercializar bonos de carbono entre actores privados con amplias libertades.

Servicios ambientales, derechos humanos y de la naturaleza  

Los servicios ambientales con sus formas y aplicaciones, conllevan vulneraciones de derechos, y severos problemas para los pueblos y la naturaleza, peor aún, estando en manos del poder corporativo y especulativo financiero.

Los más importantes son los siguientes derechos colectivos:

  1. En tierras y territorios que están bajo régimen de proveedores de servicios ambientales tienen que prohibirse los usos y costumbres tradicionales por parte de las poblaciones locales poseedoras de los títulos sobre esas áreas, limitándose sus derechos territoriales y a ejercer sus usos y costumbres tradicionales, consagrados en el artículo 56.12 de la Constitución del Ecuador.
  2. En los espacios sometidos a las reglas de los servicios ambientales, se sobreponen regímenes de propiedad: por un lado, la propiedad de la tierra de comunas y pueblos, y por otra, la propiedad sobre el carbono almacenado (de los contaminadores, los bancos; o del Estado, como en el caso del Ecuador). Dado que el mercado de carbono es altamente especulativo, y que el precio de la tonelada de carbono puede subir o bajar, es probable que los dueños de la mercancía (certificados de compensación de carbono) puedan tener injerencia en los cambios en el uso del suelo. Y, si el mercado de carbono deja de ser rentable, simplemente se dará paso a la tala, al extractivismo, o al monocultivo; al negocio que resulte más rentable.
  3. Las comunidades pierden soberanía sobre sus territorios, porque pierden la capacidad de decidir sobre el futuro de sus territorios y de sus vidas. A través de contratos que incluyen penalidades y costos económicos, las comunidades en la práctica estaría hipotecando sus tierras, territorios y vidas. Un ejemplo muy conocido es el caso de FACE-Profafor en la comunidad indígena Mojandita, Imbabura[5]. Hace 20 años se inició un programa de plantaciones de pino para absorción de CO2 en varias comunidades de los Andes ecuatorianos, financiado por un consorcio de empresas termoeléctricas holandesas. En Mojandita hubo un cambio en el uso de la tierra (destinado a la agricultura y pastoreo), se destruyeron importantes fuentes de agua y espacios sagrados, se produjeron incendios forestales, y las comunidades tuvieron que poner más dinero del recibido. Todos esto causó conflictos entre las familias. Este proyecto es contrario al artículo 57.4 de la Constitución, que reconoce el derecho a “conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles”. Además, se estaría contraponiendo los artículos 8, 10, 17, 18, 25, 26, 27 del Convenio 169 de la OIT.
  4. Vulneración del derecho a la consulta

La Constitución reconoce el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada (art. 57). Los proyectos de mercado de servicios ambientales (REDD+ y similares), no cumplen con este requisito. En la mayoría de proyectos, ciertos dirigentes de las organizaciones campesinas o indígenas suscriben acuerdos y firman contratos de compraventa de servicios ambientales. Esto ha provocado innumerables divisiones intracomunidades. Igualmente, la Constitución reconoce el derecho a la consulta ambiental cuando una decisión estatal pueda afectar al ambiente (art. 398). Los mercados de servicios ambientales tampoco cumplen con esta obligación.

  1. Vulneración de los derechos a un medio ambiente sano y libre de contaminación:

Al ser el mercado de servicios ambientales una manera de adquirir permisos para contaminar, emitir CO2 y otros gases de efecto invernadero, deforestar o destruir biodiversidad; significa que en algún lugar del Ecuador o del mundo, poblaciones locales estarían afectadas. El mercado de servicios ambientales estaría vulnerando derechos de esas comunidades a un ambiente sano. Por ejemplo, la conocida empresa Chevron (antes Texaco), mantiene una refinería ubicada en Richmond (California), Estados Unidos, en medio de barrios de personas latinas y afrodescendientes. Mientras esto ocurre, el estado de California tiene acuerdos de mercado de servicios ambientales en Acre – Brasil y Chiapas – México, donde las poblaciones indígenas han denunciado la pérdida de derechos sobre sus bosques.   

Se vulneran además los siguientes derechos de la naturaleza:

  • Hay evidencias científicas que dan cuenta que la rica biodiversidad de la amazonía, se debe al cultivo que han hecho los pueblos indígenas del bosque, enriqueciendo su biodiversidad. Al separar a los pueblos de sus espacios territoriales, se estaría violando también el derecho de la naturaleza a su regeneración y mantenimiento de ciclos vitales y evolutivos, ya que se rompe la relación entre los seres humanos y la naturaleza.
  • Los servicios ambientales son una forma de mercantilizar las funciones de la naturaleza. Con los servicios ambientales se instrumentaliza a la naturaleza, convirtiéndola en proveedora de servicios, y sometiéndole a regímenes de servidumbre para la acumulación de capitales.

Décadas de venta de servicios ambientales en América Latina han mostrado que lejos de detener la deforestación en las tierras y territorios, ésta ha aumentado, porque no se abordan las causas subyacentes de la deforestación.

Un problema adicional es que, para entrar en el esquema de venta de certificados de carbono forestal, se necesita demostrar que hay adicionalidad; es un requisito para que funcione el mercado de carbono. La metodología para calcularla cae en el universo de la predicción y de un futuro incierto. Se cumple con la adicionalidad cuando un proyecto o un bosque “conlleva a un nivel de emisiones por debajo de las emisiones que hubiesen existido si no se hubiera implementado dicho proyecto”. ¿Y, cómo se podrían conocer estas emisiones, si no se conoce el futuro? Por ejemplo, declarando que habría unas hipotéticas futuras emisiones de CO2 por una cierta amenaza. Debido a este requerimiento, la población local, para obtener los recursos de la venta de certificados de carbono forestal, tala su bosque para construir una amenaza construida.  

Debemos añadir que este tipo de mecanismos de servicios ambientales se los vende como propuestas ganadoras para todos. Pero la experiencia de varias décadas muestra lo contrario. Se puede demostrar que las propuestas de servicios ambientales tipo REDD+ (en las que está inmerso el Ecuador a través de los Programas SocioBosque y ProAmazonía, como un mecanismo de mercado de compensaciones de emisiones de CO2 forestal) han resultado en una peligrosa distracción de las causas de las crisis climáticas y generan muchos problemas en las poblaciones locales, vulnerando sus derechos[6].

Son falsas soluciones y forman parte del negacionismo al cambio climático, deja impunes a los responsables del calentamiento global y de paso, lavan su imagen de verde.

Falta de responsabilidad del Estado con relación a los DESCA

Aunque es una realidad que comunidades aceptan entrar en contratos de venta o compensación de servicios ambientales, una de las causas es la falta de atención por parte del Estado a los derechos económicos, sociales y culturales.

Si el Estado cumpliera con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y asegurara los derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales reconocidos en la Constitución del país, las comunidades no tendrían que hipotecar sus territorios y permitir que se vulneren sus derechos.

No debe haber ningún chantaje por parte del Estado ofreciendo satisfacción de derechos económicos, sociales y ambientales a cambio de negocios de servicios ambientales. Menos aún permitir que empresas privadas nacionales o extranjeras o mercenarios del carbono engañen a las comunidades con el ofrecimiento de cuantiosas cifras de compensación o de infraestructura de salud o educación. Esta ha sido una práctica habitual en zonas petroleras o mineras, mostrándose que, a pesar de que los pueblos se someten a este tipo de actividades a cambio de derechos, en las zonas de extracción están los cantones más empobrecidos de la Amazonía ecuatoriana.[7]

A esto se sumaría el mercado de servicios ambientales que restringiría aún más las condiciones de sobrevivencia de las poblaciones indígenas y campesinas.

CONCLUSIONES

Los servicios ambientales han sido una estrategia de corporaciones, bancos, y países contaminantes para consolidar lo que será el nuevo escenario del capitalismo pintado de verde. La construcción de los servicios ambientales se está constituyendo en una nueva amenaza contra los territorios indígenas, tierras campesinas o ecosistemas naturales en general.

Las tierras y territorios son espacios para la realización y vida y la reproducción de las culturas; esto está protegido por los derechos colectivos reconocidos a nivel constitucional, y además por varios convenios como el 169 de la OIT, las declaraciones de pueblos indígenas y de campesinos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.

No es una propuesta ganador-ganador, puesto que hay ganadores que permanecen en la impunidad luego de cometer crímenes ambientales como el cambio climático, mientras que países como el Ecuador y las poblaciones locales, pierden, ya que estarían hipotecando sus ecosistemas para usufructo de quienes deben dejar de destruir y contaminar el medio ambiente.

El mercado de servicios ambientales es una propuesta colonial y racista. Colonial porque para los países industrializados del norte que son los mayores responsables del cambio climático, les resulta más barato destinar un poco de recursos para que países y comunidades en el Sur global hipotequen sus tierras y territorios en proyectos de compensación por servicios ambientales, y obtener permisos para seguir destruyendo y contaminando.

Es racista porque aun cuando la mayor cantidad de bosques y páramos han sido cuidados y conservados por pueblos indígenas, los mercaderes del carbono convierten a estas poblaciones en meros guardadores de servicios ambientales.

Notas 

[1] Comisión Europea. La economía de los ecosistemas y la biodiversidad TEEB. 2008. https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/pdf/teeb_report_es.pdf 

[2] REED: Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques

[3] REDD+ : Incluye conservación, gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono (es decir, plantaciones forestales).

[4] Nellemann, C., INTERPOL Programa sobre Delitos contra el Medio Ambiente (coordinador) y PNUMA.
CARBONO LIMPIO, NEGOCIO SUCIO: Tala ilegal, blanqueo y fraude fiscal en los bosques tropicales del mundo. 2012. https://www.interpol.int/es/content/download/5158/file/Green%20Carbon,%20Black%20Trade%20-%20Illegal%20Logging,%20Tax%20Fraud%20and%20Laundering%20in%20the%20World%27s%20Tropical%20Forests%20ES.pdf

[5] Ver: https://www.wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin/josefina-y-el-ojo-de-agua-contra-las-plantaciones-en-los-paramos-del-ecuador

[6] Ver: WRM. 15 años de REDD: un mecanismo intrínsecamente corrupto. 2022. https://www.wrm.org.uy/sites/default/files/2022-05/REDD_15_anos_ESP_1.pdf

Engañados en el invernadero: https://climatefalsesolutions.org/wp-content/uploads/HOODWINKED_3rd_edition-ESPANOL_Enganados-en-el-Invernadero.pdf

[7] https://www.primicias.ec/noticias/economia/amazonia-provincias-pobreza-empleo-ecuador/

 

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