Lorena Ruiz-Huerta, abogada en Greenpeace España.
El Senado de España aprobó este miércoles, 21 de septiembre, una nueva ley que convierte a la laguna del Mar Menor en el primer ecosistema de Europa con personalidad jurídica propia, al igual que las personas y las empresas. El Mar Menor pasará a ser, desde la entrada en vigor de esta ley tras su publicación en el BOE, sujeto de derechos y no sólo objeto de protección del ordenamiento jurídico.
La nueva ley es novedosa tanto por reconocer derechos propios a esta laguna murciana, como por la forma en que se ha producido, que constituye una auténtica victoria de la sociedad civil sin apenas precedentes. Un grupo de personas, liderado por la profesora de Derecho Teresa Vicente, inició la recogida de firmas hace dos años para presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) en el Congreso de los diputados, que consiguió superar las 600.000 firmas, muy por encima del medio millón exigido por la ley para poder presentar este tipo de iniciativas ciudadanas. Cabe destacar, además, que en nuestro país sólo existe un precedente de una ILP que haya conseguido superar la tramitación y aprobación parlamentaria: la ILP para regular la tauromaquia como patrimonio cultural.
En este caso, la ILP para dotar de derechos al mar Menor no sólo ha superado la tramitación parlamentaria con toda celeridad, sino que ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo Vox. Y esto se debe al fortísimo respaldo que esta iniciativa ha tenido en la sociedad civil.
Hasta la fecha existían casos de reconocimiento de derechos de la naturaleza sólo en otros continentes, como en la Constitución de Ecuador, o en Colombia y Nueva Zelanda, que cuentan con el reconocimiento de algunos ríos o ecosistemas como sujetos de derechos. Pero la ley aprobada ayer es pionera en Europa, donde existen iniciativas ciudadanas que buscan una consideración similar para ecosistemas como el mar del Norte en Países Bajos, o el río Loira en Francia, entre otros, pero que todavía no han sido aprobadas.
Una laguna en estado crítico
La ley aprobada dota al Mar Menor de un Comité de Representantes, una Comisión de Seguimiento y un Comité Científico, que actuarán como Tutores de los derechos de este valioso ecosistema y podrán defenderlos ante los tribunales. Queda por ver si esta nueva figura de protección puede detener el grave deterioro de este ecosistema único, que en la actualidad sufre graves problemas de eutrofización (exceso de nutrientes en el agua) debidos, entre otros impactos, a los vertidos de la agricultura.
Desde hace casi dos años, Greenpeace forma parte de la acusación popular del caso Topillo por la contaminación del Mar Menor. En el origen de este proceso, había 39 empresas acusadas, más un alto cargo de la Consejería de Agricultura y otro de la Cuenca Hidrográfica del Segura. El año pasado, la causa se amplió a 43 nuevas empresas agrícolas.
En Greenpeace creemos que esta nueva ley de protección del Mar Menor, tan novedosa, cuyo mérito es sólo atribuible al activismo de un pueblo que se siente íntimamente
vinculado a este espacio natural, surtirá un efecto muy positivo en los operadores jurídicos y ayudará a que se depuren responsabilidades de quienes, durante décadas, han contaminado esta laguna de incalculable valor ecológico. Pero además esperamos que se produzca un cambio en la mentalidad de la clase política, que debe cambiar el modelo de desarrollo económico del campo de Cartagena por otro más sostenible y respetuoso con una Naturaleza, de la que dependemos para sobrevivir como especie.
Hoy sólo podemos felicitar a las murcianas y murcianos por este éxito, que es sólo suyo, y congratularnos por el avance que esto supone en la defensa del medio ambiente.