Boletín 30. Desastres y Cambio Climático

En un mundo en el que el Cambio Climático es una realidad incuestionable, a lo que se le suma una crisis evidente de deterioro ambiental y de la naturaleza, han incrementado de manera dramática los desastres. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados: el cambio climático es la crisis definitoria de nuestro tiempo y el desplazamiento por desastres es una de sus consecuencias más devastadoras. Poblaciones enteras ya están sufriendo los impactos, pero las personas vulnerables que viven en algunos de los países más frágiles y afectados por conflictos a menudo se ven afectados de manera desproporcionada [1] .

Por su parte, el informe de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja del 2021 señala que en el año 2020, unos 30,7 millones de personas fueron desplazadas internamente por desastres. Esto es más del triple de personas desplazadas por los conflictos y la violencia. Los eventos relacionados con el clima, como inundaciones y tormentas, pero también incendios forestales, deslizamientos de tierra, temperaturas extremas y sequías, explicaron casi todos los desplazamientos relacionados con desastres [2] .

 DESASTRES, RIESGO, VULNERABILIDAD

La crisis climática es una crisis civilizatoria, como son los desastres resultantes de estas crisis, por lo que se puede afirmar que no existen desastres naturales. Los desastres son el resultado de la interacción de eventos naturales y sociales. Los desastres no se producen solo por la ocurrencia de eventos naturales extremos. También son productos de entornos sociales, políticos y económicos, y de la forma como se estructura la vida de diferentes grupos de personas. Aunque un desastre puede originarse por causas naturales, el que se convierta en una catástrofe depende de razones políticas, sociales y económicas.

El riesgo de que se enfrente a un evento natural o antropogénico extremo se convierta en un desastre, es el resultado de la combinación de la exposición a peligros biofísicos y la capacidad de que una persona o comunidad pueda anticiparse, responder y recuperarse del evento peligroso.

La vulnerabilidad se relaciona inevitablemente con el poder, con la capacidad de ejercer el control sobre un evento. El riesgo , por otro lado, es la combinación de factores que influyen en el grado en que la vida, la propiedad o los bienes se ponen en peligro por la ocurrencia de un evento de peligro. Tales factores dependen del contexto, pero a menudo están influenciados por el género, la clase, la edad, la raza o el origen étnico (Wisner et al, 2003).

Cuando ocurren eventos como deslaves, aluviones, inundaciones, frecuentemente confluyen otros factores que hacen que sea más difícil para la gente lidiar con ellos. Con frecuencia, las personas vulnerables sufren choques que se refuerzan, son repetidos, múltiples, a veces, simultáneamente, a sus familias, sus asentamientos y sus medios de subsistencia. Estos choques repetidos erosionan cualquier intento que se haya hecho para acumular recursos y ahorros. Los desastres constituyen un freno para el desarrollo económico y humano a nivel de los hogares (cuando el ganado, los cultivos, los hogares y las herramientas son destruidos repetidamente) y en el nivel nacional cuando las carreteras, puentes, hospitales, escuelas y otras instalaciones daños resultantes.

Las tensiones son provocadas por una amplia variedad de desencadenantes “naturales”, que se complican por la acción humana, tanto por los esfuerzos para paliar los efectos del desastre, como por la causalidad social de la vulnerabilidad (Wisner, et al . 2003).

vulnerabilidad y riesgo

Los seres humanos no acceden de manera igualitaria a los recursos ni tienen las mismas oportunidades, por lo tanto, no están expuestos a los mismos niveles de vulnerabilidad frente a los mismos peligros. El hecho de que las personas sean más o menos vulnerables frente al cambio climático, está determinados por factores sociales (incluyendo procesos económicos y políticos). Los procesos sociales tienen un papel muy importante para determinar quién está más expuesto a riesgos y quién es más vulnerable: los riesgos dependen de dónde viven o trabajan. Del tipo de vivienda, su nivel de protección, preparación, información, salud… determinará su capacidad, no sólo de ser más o menos víctima de un desastre, pero también determina cómo afrontarlo. La exposición de las personas al riesgo difiere según su clase (que afecta sus ingresos, cómo viven y dónde), si son hombres o mujeres, cuál es su origen étnico, a qué grupo de edad pertenecen, si son discapacitados o no, estado de inmigración y en algunos países su religión (Wisner et al, 2003).

Para comprender los desastres no sólo debemos conocer los tipos de peligros que pueden afectar a una zona, sino también los diferentes niveles de vulnerabilidad y de riesgo entre diferentes grupos de personas, lo que está determinado por los sistemas sociales y el poder, y no sólo por las fuerzas naturales. Es necesario entender la exposición a un riesgo y la vulnerabilidad, en el contexto de los sistemas políticos y económicos que operan a escala nacional y local, pues es a ese nivel que se decide cómo varían los grupos de personas en relación con la salud, los ingresos, la ubicación del trabajo y del hogar, y así sucesivamente.

Muchos aspectos del entorno social son fácilmente reconocibles: las personas viven en situaciones económicas adversas que les obligan a habitar regiones y lugares afectados por peligros naturales, ya sean las planicies de inundación de los ríos, las laderas de los volcanes o las zonas de terremotos. Sin embargo, hay muchos otros factores políticos y económicos menos obvios que subyacen al impacto de los peligros. Se trata de la manera en que los bienes, los ingresos y el acceso a otros recursos, como el conocimiento y la información, se distribuyen entre diferentes grupos sociales y diversas formas de discriminación que se producen en la asignación del bienestar y la protección social (Wisner et al, 2003).

Un ejemplo de ellos son los incendios que ocurren en las Montañas Blancas de Arizona – Estados Unidos en la zona de Rodeo-Chediski.  Esta zona estuvo en el pasado dedicada a la ganadería y extracción maderera pero en las últimas décadas se convirtió en una zona residencial. Los bosques se hicieron muy espesos, y los incendios empezaron a proliferar. Los impactos del incendio fueron diferenciados dependiendo de si se trataba de zonas de desarrollo urbano de élite, con casa de fin de semana y campos de golf; y los daños causados por el incendio estuvieron cubiertos por seguros, lo que no pasó en las zonas marginales de población indígena y latina. Aunque todas las comunidades asentadas en las Montañas Blancas de Arizona enfrentaron los incendios, pero sus efectos fueron diferenciados de acuerdo a la clase social (Collins, 2008).

La vulnerabilidad está determinada por un conjunto de características de una persona o grupo y su situación que influyen en su capacidad de anticipar, afrontar, resistir y recuperarse del impacto de un evento o proceso natural extremo. Se trata de una combinación de factores que determinan el grado en que la vida, el sustento, la cultura, la propiedad y otros bienes de una persona, se ponen en riesgo por un evento o una serie o cascada de tales eventos, en la naturaleza y en la sociedad.

La vulnerabilidad implica claramente magnitudes variables: algunas personas experimentan niveles más altos que otros. Cuando hablamos de personas vulnerables, es claro que nos referimos a aquellos que están en el ‘peor’ final del espectro.

Un desastre puede ser abordado desde el punto de vista del riesgo, que es una visión más tecnocrática y que se centra en el evento como tal, en cómo enfrentarlo una vez que este ha tenido lugar y en cómo aplicar determinados protocolos; o desde la vulnerabilidad, que se centra en la gente que es víctima del desastre y en cómo evitar que un evento natural se convierta en una catástrofe por medio de disminuir los factores de vulnerabilidad de una determinada población; es decir, aborda las causas y en cómo enfrentarlas. Para Sarewitz (2003), mientras la reducción de la vulnerabilidad es un derecho humano, la reducción del riesgo es una herramienta técnica frente a un evento extremo.

La marginalidad, por otro lado, es un concepto central en los estudios de ecología política. Fue desarrollado para explicar cómo los grupos económicos con menor dotación de poder, están expuestos a condiciones de extrema vulnerabilidad frente a eventos naturales extremos, que pueden convertirse en desastres (Collins, 2008).

La marginalidad es creada por el ejercicio del poder, especialmente por el Estado, pero también por acción de otros sectores. La marginalidad está atravesada por la negación al acceso y control de recursos y espacios vitales para el bienestar y sustento de las comunidades.

En las estepas de Mongolia ocurre el dzud un evento natural extremo que se inicia con un verano muy seco, y por lo mismo incapaz de producir pastos para el ganado, seguido por inviernos extremadamente fríos. Con la adopción de políticas neoliberales (descentralización, reducción del tamaño del Estado, pérdida de prácticas tradicionales del uso del territorio especialmente en relación a la transhumancia como el otor[3],  pérdida de derechos sobre el acceso al ganado, el trabajo y la tierra), aumentó la vulnerabilidad de poblaciones de pastores trashumantes, generándose condiciones peligrosas para ellos y su ganado.  Muchos pastores ricos se establecieron en las mejores tierras. Con la desaparición del otor se agudizó el dzud, con fríos extremos, falta de pastos, muerte de gran cantidades de animales por inanición o frio, con graves consecuencias para las familias pastoras que dependen del ganado para la mayor parte de sus necesidades vitales. Sin embargo, se sigue considerando al dzurd como un fenómeno natural (Murphy, 2011).

En muchos casos, la marginalidad es el resultado de la degradación ambiental de los entornos donde se asienta una población, o tiene sus raíces en la injusticia social. Para Susman et al (1984), es marginal quien es forzado a salir de su tierra a zonas muy pobres o insuficientes; o aquellos que viven en zonas peligrosas o insalubres.

LA CATEGORÍA JURÍDICA DE DESASTRE AMBIENTAL

El derecho internacional del medio ambiente, del desarrollo y de los Derechos Humanos está integrado, cada uno de ellos, por instrumentos denominados vinculantes y otros de derecho blando, es decir, normas internacionales con diferentes niveles de obligatoriedad y que por lo tanto implican formas diversas de justiciabilidad en el orden jurídico interno de cada uno de los países. 

DERECHOS AMBIENTALES, HUMANOS Y AL DESARROLLO

TIPO DE DERECHOS

INSTRUMENTOS JURÍDICOS

Ambiental

Declaración de Estocolmo de 1972

Declaración de Río de 1992 (incluyendo los documentos oficiales de las Conferencias mundiales)

Instrumentos especializados:

Convenio Marco de Cambio Climático

Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus protocolos

Convención RAMSAR

Convención de Basilea

Protocolo de Montreal

Convenio de Rotterdam y otros

Desarrollo

Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social de 1969

Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986

Programas de Acción como sobre Población y Desarrollo de 1994

Derechos Humanos

Carta Internacional de los Derechos Humanos

Declaración Universal de Derechos Humanos

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Otros instrumentos como Declaraciones, Reglas, Principios o Resoluciones 

Entre sí, estos marcos jurídicos también tienen formas de articulación diversas a través de organismos intergubernamentales especializados, que en general exponen un lenguaje común entre los dos primeros y la marginalidad del tercero.

No obstante, en los últimos años, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) ha venido reivindicando los temas ambientales como propios, a través de instrumentos especializados[4] e interpretaciones de organismos jurisdiccionales[5]. En el contexto de esta reivindicación tan necesaria y tardía, organismos del ámbito del desarrollo, empiezan a disputarle protagonismo sobre el abordaje de la cuestión, impulsando instrumentos tales como el Acuerdo de Escazú[6].

El punto es que existe un andamiaje jurídico que se activa de diversas formas en lo nacional e internacional y de cuyas conjunciones se derivan básicamente tres perspectivas de actuación ante la puesta en marcha de actividades que impactan el medio ambiente:

  1. si se desconoce el nivel de riesgo de una actividad determinada, se procede aplicar el principio de precaución[7] para evitar daños graves e irreversibles
  2. si se conocen los riesgos, pero se opta por la actividad, entonces procede un enfoque de prevención, lo que generalmente se concreta a través de Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) para prever formas de mitigación ante los impactos previsibles. En ellos ha recabado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, particularmente frente a pueblos indígenas: además de la consulta previa “La segunda garantía es la realización de un estudio previo de impacto social y ambiental, llevado a cabo por “entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado”, para “preservar, proteger y garantizar la relación especial” de los pueblos indígenas con sus territorios y garantizar su subsistencia como pueblos”[8].
  • si se conocen los riesgos y se asumen impactos, inclusive excesivos, se establecen parámetros de “compensación”[9]
  1. Aceptar el estado de cosas y sobre la marcha, responder con medidas de adaptación al entorno degradado o reubicación como medida de contención de impactos en razón a vulnerabilidades, lo que se conoce como medidas de adaptación desarrolladas para enfrentar al cambio climático.

Si los valorásemos, podríamos concluir que todos son problemáticos: el principio de precaución tiende a malinterpretarse y no aplicarse, los EIAs son tardíos, no participativos y poco transparentes, las compensaciones insuficientes y precarias y lógica de adaptación es muy difícil para las comunidades.

En cualquiera de estos escenarios se evita caracterizar los impactos ambientales como desastres, que es la categoría que mejor expresa la situación que enfrentan las personas inmersas en ecosistemas afectados por proyectos de diversa índole, que son impuestos en sus territorios, o que son afectadas por los efectos de dichos proyectos de manera indirecta. La noción de desastre no integra las reflexiones, estándares ni reivindicaciones desde los derechos humanos, que como se ha expuesto, es un escenario que recién aterriza en las consideraciones de los asuntos ambientales. 

Para el abordaje de los desastres existe todo un marco normativo e institucional denominado de “Reducción de Riesgos y Desastres” que tiene tanto componentes de intervención humanitaria de emergencia, como de estabilización en el largo plazo, lo que ha fijado su competencia preferencial en organismos del mundo del desarrollo[10], y los de carácter humanitario[11].

En el ámbito de la reducción de desastres se destacan dos Marcos de Acción globales: el Marco de Acción de Hyogo para el Aumento de la Resiliencia de las Naciones y las Comunidades ante los Desastres[12] y su sucesor, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres[13]. Son el resultado de Conferencias Mundiales organizadas por las Naciones Unidas con representaciones de los Estados Parte y también de la sociedad civil, que se fijan las siguientes metas y plazos:

MARCOS DE ACCIÓN GLOBALES SOBRE DESASTRES

Hyogo

(2005-2015)

Sendai

(2015-2030)

1.     Velar por que la reducción de los riesgos de desastre constituya una prioridad nacional y local dotada de una sólida base institucional de aplicación.

2.     Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastres y potenciar la alerta temprana.

3.     Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel.

4.     Reducir los factores de riesgo subyacentes.

5.     Fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de lograr una respuesta eficaz.

Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres.

Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo.

Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia.

Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.

En estos documentos se ve una evolución en la consideración sobre lo que debe reconocerse como un desastre. En la Estrategia y Plan de Acción de Yokohama para un Mundo más Seguro, -predecesora de Hyoto-, el punto de partida es la reducción de la vulnerabilidad ante eventos naturales imposibles de contener:

“Mientras que los fenómenos naturales que causan los desastres en la mayor parte de los casos están fuera de todo control humano, la vulnerabilidad resulta generalmente de la actividad humana. Por lo tanto, la sociedad debe reconocer y fortalecer los métodos tradicionales y estudiar nuevas formas de vivir con semejante riesgo así como tomar medidas urgentes para impedir y reducir los efectos de tales desastres[14]”.

En Hyogo se amplía la consideración de los desastres de origen natural, a otros derivados de riesgos de origen ambiental y tecnológico: 

“El presente Marco de Acción abarca los desastres causados por amenazas de origen natural y los desastres y riesgos ambientales y tecnológicos conexos. Refleja, por tanto, un enfoque integral de la gestión del riesgo de desastres que prevé amenazas múltiples y la posible relación entre ellos, que puede tener importantes consecuencias en los sistemas sociales, económicos, culturales y ambientales…”.

Por tal razón, se propone reducir riesgos subyacentes, lo que incluye “la planificación del uso de la tierra y las actividades de desarrollo para reducir el riesgo y los factores de vulnerabilidad”, que es la ventana por la que proyectos de desarrollo, pueden llegar a ser considerados. Pero es en Sendai, en donde se introduce una idea más amplia sobre desastre. Al explicitar su contenido afirma:

“El presente Marco se aplicará a los riesgos de desastres de pequeña y gran escala, frecuentes y poco frecuentes, súbitos y de evolución lenta, debidos a amenazas naturales o de origen humano, así como a las amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos conexos. Tiene por objeto orientar la gestión del riesgo de desastres en relación con amenazas múltiples en el desarrollo a todos los niveles, así como en todos los sectores y entre un sector y otro”.

Así pues, en este punto ya se reconoce que los desastres responden a amenazas no solo naturales, sino humanas, y que su magnitud, desenvolvimiento y expresión es diversa, y que de hecho “Los desastres recurrentes de pequeña escala y evolución lenta inciden particularmente en las comunidades, las familias y las pequeñas y medianas empresas, y constituyen un alto porcentaje de todas las pérdidas”. 

Esta definición abre la discusión sobre cómo se construye el riesgo con la imposición de proyectos de diversa índole en los territorios y sobre la legitimidad de proponer la adopción de “medidas integradas e inclusivas de índole económica, estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural, educativa, ambiental, tecnológica, política e institucional” para evitarlo. Así mismo, permite debatir las metodologías y formas de los EIAs, revitaliza los debates sobre principio de precaución y puede impactar en la forma en la que se considera la compensación y la adaptación.

LOS DESASTRES COMO ESCENARIOS PARA IMPLEMENTAR POLÍTICAS QUE NO SE PODRÍAN EN CONDICIONES “NORMALES”

Este tema ha sido muy desarrollado por Klein (2014). Ella propone, a través de su “doctrina del shock”, que situaciones como las que viven las provincias de Esmeraldas y Manabí, son propicias para la introducción de políticas públicas que favorezcan a lo que la autora llama “el capitalismo del desastre”.

Ella usa para ilustrar su teoría algunos casos en los que las empresas inmobiliarias se enriquecieron a costa de los damnificados, los mismos que fueron desplazados para instaurar una red de hoteles de lujo, como fue el caso del tsunami en Sri Lanka y las Islas Maldivas; o la implementación de complejos habitacionales en zonas otrora ocupadas por poblaciones afroamericanas, y que fueron “blanqueadas” a raíz de Katrina en Nueva Orleans.

En el Huracán María que azotó a la isla de Puerto Rico en septiembre 2017, la electricidad y las comunicaciones colapsaron, las mismas que habían sido privatizadas, lo que dejó tanto al gobierno como al sector público inoperante, e incapaz de coordinar la logística de distribución de agua, alimentos, energía. Se puso en evidencia su situación de colonia, y la gran dependencia que tiene Puerto Rico de la importación de alimentos (es decir, la falta de soberanía alimentaria).

Quien se hizo cargo de los programas de distribución de alimentos y otras medidas de emergencia fue el gobierno de Estados Unidos, lo que concluyó con un proceso de militarización y la generación de nuevos préstamos a Puerto Rico, aún del escenario de quiebra que enfrenta la isla, con una deuda de 72 mil millones de dólares (Aponte, 2017). Si bien María fue un huracán de gran magnitud, sus efectos se incrementaron por la situación política y económica que se vive en la isla.

En Venezuela, en 2010 el 80% en la Guajira venezolana vivió un evento climático extremo: una inundación a causa del desbordamiento de los ríos El Limón, Guasare y Paraguachón (Noticias24, 2010). Frente a este desastre, la primera medida tomada por el gobierno nacional fue un programa de reconstrucción del “hábitat de la comunidad añuu en la Laguna”, que se basó en la edificación de casas de concreto y acero, muy distintas a las que se han construido tradicionalmente en la zona, basadas en madera de mangle y tejido de la enea y la majagua, adaptadas a las condiciones ambientales locales, y que era lo que pedían los añuu. Para ellos, estas casas de cemento usaban “una tecnología totalmente ajena a su territorialidad” (Quintero Weir, 2016: 32).

Quintero Weir añade que “esta reconstrucción, debió enfocarse, no sólo en la construcción de casa nuevas, sino que debía estar acompañada por una recuperación total de nuestro territorio y de nuestra territorialidad, esto es, la recuperación del control propio de nuestros espacios de pesca, caza y recolección en toda la cuenca del Lago de Maracaibo como única forma de rescatar nuestra autonomía territorial, es decir, de nuestra dignidad” Quintero Weir (2016: 32). Según el autor, este desastre sirvió además para la militarización de la Guajira, lo que facilitó varios proyectos mineros en la región.

El tema del uso de los desastres para militarizar zonas, y promover su privatización es ampliamente desarrollado por Klein (2007), cuando describe las políticas públicas tomadas por la administración de George Bush a propósito del desastre de Katrina en Nueva Orleans.  El desastre fue usado además para privatizar los colegios públicos. En 19 meses, las escuelas públicas fueron sustituidas por una red de colegios charter de gestión privada la mayoría de población pobre, aun exilada de sus casas. Antes de la tormenta había 123 escuelas públicas, después de la tormenta solo 4. El sindicato de maestro fue desmantelado, se destituyó a 4.700 miembros del sindicato. Los maestros jóvenes fueron recontratados con salarios inferiores. El dinero destinado a las víctimas fue desviado para desmantelar el sistema público de educación y transferirlo al sector privado. Las escuelas charter no deben cumplir con ciertas normas escolares, sino las que están en el contrato. Por otro lado, la empresa eléctrica fue privatizada, el sistema de transporte público fue desmantelado, los proyectos de vivienda pública suspendidos y muchas casas en buen estado fueron demolidas.

Barrios ocupados por gente pobre, donde se había planificado desarrollar casas y departamentos de lujo, fueron demolidos, usando como escusa la tormenta. A la gente se le prohibió volver a sus casas, y los que lo hacían, iban presos. Se crearon zonas de seguridad en Nueva Orleans. Después de Katrina la ciudad se dividió en una zona segura, con servicios privados de seguridad y una zona abandonada por el Estado, con frecuentes brotes de violencia.

CONCLUSIONES

Los eventos climáticos extremos casi nunca tienen un origen puramente natural, pues son el resultado de la interacción de la degradación ambiental, las condiciones de marginalidad de las poblaciones y los aspectos naturales que los desencadenan.

Estos se transforman en desastres cuando confluyen elementos como la marginalidad y afecta a comunidades vulnerables. Sus impactos son diferenciados de acuerdo a la clase social, al género, las condiciones de vida, al grupo étnico al que pertenecen las sociedades afectadas por estos.

REFERENCIAS

Aponte, M. (2017). Las consecuencias sociales de los desastres naturales en el Caribe. Reflexiones desde Puerto Rico. CLACSO. Megafón No. 18 (2).

Collins T. (2008). The political ecology of hazard vulnerability: marginalization, facilitation and the production of differential risk to urban wildfires in Arizona’s White Mountains. Journal of Political Ecology. Vol. 15, 21 – 43.

IFRC, 2018. Sin que nadie quede atrás. https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-09/B-WDR-SP%20web.pdf

Klein, N. (2014). La doctrina del shock: El auge del capitalismo del desastre. Buenos Aires: Paidos.

Murphy, D. (2011). Going on Otor: Disaster, Mobility, and the Political Ecology of Vulnerability in Uguumur, Mongolia. University of Kentucky Doctoral Dissertations. Paper 168. http://uknowledge.uky.edu/gradschool_diss/168

Noticias 24 (2010). El 80% de la Guajira venezolana se encuentra inundada. 2 de diciembre 2010. http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/183416/el-80-de-la-guajira-venezolana-se-encuentra-inundada/

Picou J.S., Hudson K. (2010). Hurricane Katrine and mental health: a Research note on Mississippi Gulf Coast resident. Social Inq. 80: 513-524.

Quintero Weir, J.A. (2016). El último despojo después de la tormenta. Cambio climático, desaparición de la casa y extinción de la territorialidad Añuu. Cuatro advertencias y un camino.  En: Carlos Walter Porto-Gonçalves y Luis Daniel Hocsman (organizadores). Despojos y Resistencias en América Latina / Buenos Aires: Abya Yala. Estudios Sociológicos Editora, pp. 23 – 42.

Sarewitz D., Pielke R. y Keykhah M. (2003). Vulnerability and Risk: Some Thoughts from a Political and Policy Perspective. Risk Analysis, Vol. 23 (4), 805 – 810.

Susman, P., et al. (1984). Global disasters: a radical interpretation. In Hewitt, K., (editor) Interpretation of calamity, Boston: Allen & Urwin, 264-83

Wisner B, et. al. (2003). At Risk: natural hazards, people’s vulnerability and disasters. Londres: Routledge. Second Edition, pp. 134.

[1] https://www.acnur.org/#_ga=2.102371649.195700342.1655500026-346906747.1655500026

[2] https://www.ifrc.org/es/press-release/el-informe-de-la-cruz-roja-y-de-la-media-luna-roja-revela-el-alcance-del-impacto-en-las-personas-que

[3] Otra es estrategia no habitual de migración mediante la cual una familia interrumpe sus cuatro rotaciones habituales del campamento, para explotar mejores pastos de forma oportunista o para evadir condiciones peligrosas.

[4] Como los Principios Marco sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente de 2018.

[5] Como la Observación General Nº 15: El derecho al agua del CDESC de 2002 o la Opinión Consultiva 23 de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medio ambiente y derechos humanos.

[6] Impulsado por la CEPAL, puede ser regresivo para la satisfacción de los derechos humanos ambientales, particularmente en lo atinente al acceso a la información.

[7] Principio 15 de la Declaración de Río (1992)

[8] Para la Corte Interamericana, se viola el artículo 21 de la Convención Americana cuando el Estado no lleva a cabo o supervisa estudios ambientales y sociales previo al otorgamiento de las concesiones. CIDH, informe Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo (2015).

[9] Un ejemplo clásico de esta perspectiva es el Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur Suplementario (del Protocolo de Cartagena) sobre responsabilidad y compensación.

[10] Como la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres (UNISDR).

[11] Como la Cruz Roja Internacional. Al respecto se puede leer su planteamiento: https://www.ifrc.org/PageFiles/91314/1209600-DM-Position-Paper-SP.pdf

[12] https://www.eird.org/cdmah/contenido/hyogo-framework-spanish.pdf

[13] https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf

[14] https://eird.org/fulltext/Yokohama-strategy/YokohamaEspa%f1ol.pdf

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