Elizabeth Bravo
Por una invitación de los Relatores Especiales de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente (David Boyd), y sobre Tóxicos y Derechos Humanos (Marcos A Orellana), algunas redes y organizaciones de América del Sur[1] nos organizamos para presentar un conjunto de casos sobre zonas de sacrificio en la región.
Entendemos como zonas de sacrifico a lugares con grave contaminación y degradación ambiental, donde las ganancias económicas se han priorizado sobre las personas, causando abusos o violaciones de los derechos humanos. En la zona de sacrificio usualmente hay más de una causal de contaminación / degradación ambiental.
Las áreas transformadas en inhabitables, o donde las comunidades viven bajo condiciones muy precarias, porque a partir de ellas se ha sacado beneficios económicos, técnicos, militares, es considerada como zona de sacrificio.
Algunas consideraciones sobre las zonas de sacrificio
En la creación de las zonas de sacrificio debe haber una intencionalidad del Estado, el mismo que ejerce modalidades especiales de violencia espacial destructiva, y se justifica a sí misma, por las utilidades que se generarían.
En estas zonas de sacrificio los Estados demandan a sectores de la población, considerados inferiores que hagan una ofrenda para alcanzar un bien superior, un bien universal, con connotaciones morales, casi heroicas.
El historiador Hugo Reinert (2018)[2] aborda el tema de las zonas de sacrificio a través del análisis de un conflicto entre pastores de renos Sami, y un proyecto minero apoyado por el gobierno en el banco de un fiordo en el Ártico Noruego. Por supuesto que el Estado le apuesta al proyecto minero, sacrificando toda la tradición sami en torno al pastoreo de renos. Ejemplos como este abundan en América Latina: zonas donde se disputan intereses económicos o políticos estratégicos, con otros considerados como menos valiosos como son los de las comunidades indígenas o campesinas locales… o la naturaleza.
Un ejemplo del Ecuador es el del Parque Nacional Yasuní, hogar de comunidades en aislamiento voluntario o de reciente contacto, a los que los gobiernos de turno demandan sacrificarse para extraer el crudo que se encuentra en el subsuelo, a pesar de saber los impactos rutinarios y accidentales que acompañan a esta actividad; o como en Argentina, donde las fumigaciones para la producción agroindustrial son consideradas como “actividad esencial”.
Así sacrificar prados de pastoreo de renos en Noruega se justifica porque a cambio se “generan empleos”, sacrificar los bosques más biodiversos del mundo se justifican porque el Ecuador debe vivir de las rentas petroleras. De esa manera, la violencia sacrificial se invisibiliza y se justifica (Reinert, 2018).
El sacrificio entendido de esta manera implica necesariamente la destrucción, en muchos casos irreversible del lugar. La destrucción es parte implicada en el mecanismo de generación de riqueza o de valor.
En muchos casos el sacrificio es inútil, porque el retorno no está garantizado, por lo que se demanda un acto de fe, (porque el proyecto que demanda de sacrificio puede funcionar o no), pero siempre hay un cálculo: cuánta biodiversidad es sacrificable a cambio de una represa o de una operación petrolera. Lo que entra en juego es que se considera que algunas comunidades, barrios, ecosistemas e inclusive países[3] son sacrificables.
Aunque un accidente no puede considerarse como sacrificio, porque no hay una intencionalidad, la omisión de normas o protocolos, o la simple realización de obras que jamás debieron llevarse a cabo por sus riesgos en un lugar puede convertirlo en una zona de sacrificio. Pensemos en el “accidente” de Chernóbil, que fue desencadenado por fallas de fabricación y de operación, pero además estuvo mezclado con decisiones políticas.
En el Ecuador tenemos el caso de la regresión del río Coca, proceso aparentemente natural. En esta zona confluyen los dos oleoductos que sacan el crudo para la exportación, atraviesan una zona sísmica con la presencia de un volcán en actividad. A pesar del acumulado de riesgos, allí se construyó la infraestructura de generación eléctrica más grande del país, el proyecto Coca Codo Sinclaire. Se desvió el río en un lugar de alta fragilidad, y con ello se provocó el desequilibrio hidrogeológico del mismo. El 7 de abril 2020 ocurrió la ruptura de los dos oleoductos, debido a la erosión en el cauce del río Coca. Aunque se habla de un accidente, las distintas decisiones erradas de los gobiernos de turno convirtieron a ésta en una zona de sacrificio[4].
Concentración de obras con potencial destructivo
La acumulación de proyectos, obras o actividades contaminantes es la forma más clásica de las zonas de sacrificio. En la zona de Huasco – Chile, donde confluye la minería, una Planta Pelletizadora de fierro, un puerto y termoeléctrica, lo que ha hecho que en esta zona haya un 80% de índice de contaminación, por lo que fue declarada como una zona “saturada”. A pesar de que los habitantes de la ciudad y los alrededores, han realizado diversas acciones administrativas y legales con el objeto de suspender al menos parte de las actividades contaminantes que les afectan, las empresas que producen la contaminación siguen realizando sus actividades incluso sobrepasando las normas establecidas. En este caso, el Estado es responsable de haber generado esta zona de sacrificio, por haber permitido esta concentración de actividades y por no haber obligado que se cumplan las normas ambientales.
Un caso similar se vive en la Península de Yucarán en México, y en el Norte de Esmeraldas, donde confluyen actividades industriales, extracción minera, una expansión de una multiplicidad de formas de agroindustria, a lo que se suma la presencia militar.
La maldición de la abundancia
Tomando prestadas las palabras de Acosta[5] podemos decir que zonas especialmente ricas en cuanto a suelos abundancia de minerales o hidrocarburos, son sacrificadas para la generación de ganancias, a esto, él denomina la maldición de la abundancia Este es el caso de la Pampa Húmeda Argentina y la Cuenca Baja del Río Guayas, zonas de altísima fertilidad, dedicadas a la agroindustria y la agroexportación, con el decidido apoyo del Estado. Es también el caso de las zonas mineras en Bolivia, cuyos impactos van más allá de la zona de explotación pues sus desechos contaminan cuerpos de agua como son la Cuenca del río La Paz y el Río Suchez y el Lago Poopó (el segundo más importante del país).
Se sacrifica estas zonas para la agroindustria y la agroexportación., a costa de la producción local de alimentos, el equilibrio de los ecosistemas.
Justicia ambiental
Cuando las actividades económicas no están ligadas necesariamente a la riqueza de un lugar, las zonas de sacrificio de sacrificio son elegidas en lugares que son considerados menos valiosos, desde el punto de vista social o ambiental. Por ejemplo, el Complejo Refinador Paraguaná en Venezuela se ubicó en zonas costeras habitadas por poblaciones pescadores pobres que fueron desplazadas y el área transformada en una zona de sacrificio.
En el caso del Norte de Esmeraldas, zona afectada por la minería y los monocultivos de palma, la zona de sacrificio está además atravesada por abandono de servicios propio del racismo ambiental en territorios ancestrales, afroecuatorianos e indígenas. Ahí hay una acumulación de vulnerabilidades.
Entendemos diferentes significados y alcances del sacrificio
1) Como una negociación entre actores atravesada por relaciones de poder, en el que uno gana a expensas del otro. Se establece un escenario “esto o lo otro” que calibra proyecciones de crecimiento económico, generación de empleos, incrementos de riquezas, en contra de la conservación de ecosistemas, economías locales o el bienestar de la comunidad.
2) Como la transformación destructiva de la naturaleza “en riqueza sin que sean evidentes las fricciones” por medio de la naturalización de la violencia. Se producen daños irreparables a través de transformaciones suaves con narrativas dominantes de riqueza y desarrollo. Parte de una línea de argumentos se centran que hacer al sacrificio invisibles y desacreditar las críticas.
3) Es la imposición de un falso interés nacional, que obliga a rendirse por algo más alto, más valioso y bueno para la sociedad
No rendirse es ser egoísta, porque se pierden beneficios para toda la sociedad, o la aspiración universal de la ciudadanía, es más, se argumenta que es inmoral demandar estándares de vida altos si no se está dispuesto a sacrificar algo, o que alguien sacrifique algo.
Se hablan de aspiraciones universales como si todos fuéramos y tuviéramos la misma escala de valores y aspiraciones. Se pide a segmentos de la sociedad sacrificar sus tierras o formas de vida, para que otros tengan una mejor vida, bajo el argumento de aspiraciones universales.
Todo esto hace que el sacrificio se convierta en un problema de control moral. La violencia sacrificial es omnipresente, cosmológica está en cada carretera, en cada mina, en cada pozo petrolero. Es por esto que, siguiendo a Reinert, toda la argumentación, las acciones y normativas que justifican la violencia sacrificial deben ser cuestionadas, resistidas y enfrentadas; sus escalas de valores, desmanteladas, su lógica desmitificada y revelada.
Referencias:
[1] Oilwatch, OCMAL, RECOMA, RALLT, Oficina de Derechos de la Naturaleza, CEDIB (Bolivia), Instituto de Salud Socioambiental (Argentina), Observatorio de Ecología Política (Venezuela), FASE (Brasil) y Acción Ecológica (Ecuador).
[2] Reinert H. (2018). Notes from a Projected Sacrifice Zone. ACME 17(2): 597 – 617
[3] Pensemos por ejemplo en el tráfico de desechos tóxicos de países del Norte Global a ciertos países africanos. Ver por ejemplo http://mundonegro.es/racismo-medioambiental-africa-basurero-de-occidente/
[4] Más detalles ver: https://es.mongabay.com/2020/05/ecuador-rotura-oleoducto-ocp-petroleo/
[5] Acosta A (2009). La maldición de la abundancia : un riesgo para la democracia. La Tendencia. Revista de Análisis Político. Quito: FES-ILDIS, Vol. 9: 103-115